Desde 2015, la agencia alemana de cooperación GIZ y la Unidad para las Víctimas trabajaron en el apoyo a campesinos y comunidades indígenas de esos dos departamentos.

Este jueves se realizó en Bogotá el cierre del Proyecto Retorno de apoyo para desplazados internos retornados y municipios de acogida en los ámbitos de seguridad alimentaria y reconstrucción en Córdoba y Guaviare, en el que trabajaron conjuntamente la Unidad para las Víctimas y la agencia alemana de cooperación GIZ.

El propósito era “mejorar las condiciones de vida de campesinos de Valencia, Canalete y Montería, en Córdoba, y de las comunidades indígenas de los pueblos jiw y nukak, en Guaviare y sur del Meta”, señaló Martin Schneichel, director del proyecto.

Para ello se establecieron tres líneas de acción: infraestructura, proyectos productivos y fomento de la paz y resolución de conflictos, en cuya implementación participaron 35 instituciones con una inversión que, según Schneichel, ronda los 5 millones de euros.

Acciones en Córdoba

En Córdoba, uno de los mayores logros fue el acceso a agua potable. En el corregimiento de Villanueva, en el municipio de Valencia, se adecuó el acueducto mediante la reparación de la planta de tratamiento y el sistema de suministros químicos para clarificación y desinfección, que benefició a 475 viviendas. Además, se mejoró el acceso a agua segura en otras 437 viviendas de los corregimientos de Guasimal y El Tomate mediante la estrategia de cosecha de agua en techos.

Las poblaciones retornadas habían sido desplazadas o confinadas por la acción de los grupos de autodefensas en la zona, y, de acuerdo con Haidy Madera, coordinadora del Proyecto Retorno en la región, la existencia del conflicto había minado su capacidad de decisión y empoderamiento como comunidad.

En la línea de proyectos productivos, la apuesta más exitosa fue el trabajo con la población joven, para la que el riesgo de deserción escolar y vinculación con grupos armados es muy alto. Después de talleres de emprendimiento y competencias ciudadanas, 102 jóvenes abrieron negocios propios en asuntos agropecuarios y comerciales. Así mismo, se crearon cinco asociaciones productivas en el sector piscícola, y se crearon dos unidades de negocios de alimentos liderados por mujeres, antes dedicadas al hogar.

Y en cuanto al fomento de la convivencia pacífica se puso en marcha la estrategia Fútbol con principios con 517 estudiantes entre 8 y 16 años, y se impartió formación en construcción de paz con enfoque territorial, y en formulación de proyectos a otros miembros de la comunidad.

En Córdoba el proyecto impactó positivamente a 3.714 personas, y en Guaviare alcanzó a 2.700 de la comunidad jiw y 750 de los nukak. En ese departamento, el trabajo implicó mayor coordinación para superar dos retos: las comunidades son nómadas y tienen su propio lenguaje.

Acciones en Guaviare

Allí, sin embargo, hay resultados positivos que facilitan la reconstrucción de tejido social y la recuperación de los territorios ancestrales de las comunidades, excluidas y confinadas en las últimas décadas por cuenta del conflicto armado. Para reducir la estigmatización de los pueblos indígenas se realizaron intercambios juveniles de saberes y sabores de los que surgieron proyectos y lazos de amistad; para frenar la deserción escolar se entregaron bicicletas a los estudiantes de zonas más apartadas; y para fortalecer la autoimagen y el reconocimiento de las tradiciones, se dictaron talleres de fotografía y audiovisual de las que surgieron una exposición fotográfica y seis cortometrajes en los que los indígenas reflejan su visión.

También se construyeron viviendas, acueductos, puestos de salud y casetas multipropósito, se dotaron y adecuaron escuelas, y se realizó reposición forestal y recuperación de cuencas hidrícas, entre otras actividades.

“Hay heridas profundas que cuesta trabajo cerrar. Nuestros aportes son granos de arena”, indicó Peter Luhan, director residente de GIZ en Colombia para referirse al trabajo intenso que resta en el proceso de construcción de paz en el país.

La Unidad para las Víctimas participó en la formulación y seguimiento de la ejecución del Proyecto Retorno, planteado como una apuesta a la política de retorno con enfoque diferencial étnico. Este buscaba restablecer los derechos de las comunidades jiw y nukak, que son sujeto de protección a través de los autos 173 de 2012 y 565 de 2016 de la Corte Constitucional.