Fueron 43 familias las que llegaron al casco urbano de las veredas Acacias, Mocho, Embaretado, desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En tres meses la Unidad para las Víctimas ha invertido 882.139.568 millones de pesos en atención humanitaria para 2.175 personas desplazadas, en otros cuatro municipios antioqueños.

La Unidad para las Víctimas realiza presencia en el municipio de Tarazá, Antioquia, en articulación con la administración municipal, brindando asistencia y orientación a las 43 familias representadas en 120 personas que llegaron desplazadas al casco urbano del municipio, ayer en horas de la tarde por causa de los enfrentamientos de grupos armados ilegales.

Los 43 hogares son provenientes de las veredas Acacias, Mocho, Embaretado; 19 de estos (30 personas) se encuentran auto albergadas con familiares y amigos y 24 (90 personas) se encuentran en albergue temporal en el coliseo en el casco urbano.

Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, indicó que “desde el 19 de enero, que se presentó  el primer evento de desplazamiento en el municipio de Cáceres, ha existido una coordinación con las administraciones municipales donde se han presentado los hechos para asegurar la atención inmediata; de esta manera se activa la ruta para este tipo de casos de emergencia en la que debe actuar toda la institucionalidad desde sus alcances, en primera instancia el municipio, luego el departamento y por último la nación”.

El funcionario aseguró también que “por ahora se entra a suplir las necesidades básicas de estas familias mientras que el Ministerio Público recibe las declaraciones para que la Unidad para las Víctimas entre a valorarlas”.

Inversión Institucional en el Bajo Cauca

Con una inversión de 882.139.568 millones de pesos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha entregado atención humanitaria a los 781 hogares representados en 2.175 personas, que han sido atendidas en los municipios de Caceres, Tarazá, Caucasia e Ituango, en los últimos tres meses.

Para Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, “es una situación compleja, se han sumado esfuerzos desde las instituciones, pero es algo que se debe continuar para lograr que de la mano de las autoridades se garantice el control y seguridad para el bienestar de estas familias”.

Con la situación que se vive en esta subregión del departamento el alcalde de Medellín citó a todas las instituciones de atención y asistencia a víctimas, al Comité de Justicia Transicional (CJT), dado que hasta el 10 de abril han llegado a la ciudad de Medellín 665 familias desplazadas de los municipios de Cáceres, Ituango y Tarazá.

En este Comité,  creado por la Ley 1448 de 2011, participaron además de la Unidad para las Victimas, la Defensoría del pueblo, la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional, la Personería, la Procuraduría Regional, alcaldes de los municipios del Bajo Cauca.

La Unidad sugirió la creación de una comisión interinstitucional permanente que esté en la zona del Bajo Cauca, con el fin de velar desde la prevención, la protección y las garantías de no repetición, de acuerdo a lo contemplado en la Ley, para controlar las emergencias existentes y prevenir nuevas, según contó Ramón Rodríguez, director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Victimas, quien participó en el CJT.

Rodriguez dijo también que “desde la entidad se realiza la asistencia técnica a los municipios para la actualización y construcción de los planes de contingencia con el fin de fortalecer el enfoque de prevención, en articulación con el Ministerio del Interior”.

La Unidad para las Víctimas, además de la entrega de ayuda humanitaria a las familias, ha hecho articulación con el Programa Mundial de Alimentos para complementar la intervención. Durante los dos primeros meses fueron entregados alimentos a 1.592 personas ubicadas en 4 albergues en la zona urbana de Cáceres, con una inversión de cercana a los $163 millones.

Durante este año el 50% de los desplazamientos masivos registrados en el territorio nacional se concentran en Antioquia.