Con la nueva normatividad se propone indemnizar por primera vez a víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE) o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), pues la normatividad actual no lo permite.

La Unidad para la Víctimas, en cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno de reparar a las víctimas del conflicto armado, ha avanzado en la indemnización de más de 740.000 colombianos con una inversión de más de 5 billones de pesos. Sin embargo, este esfuerzo debe fortalecerse porque son muchas las víctimas que aún faltan.

Por este motivo, la ruta de indemnización está siendo ajustada a efectos de establecer parámetros que garanticen la sostenibilidad de esta medida y un procedimiento para garantizar el derecho de información de las víctimas de cuándo serían reparados, pues a la fecha no existe un mecanismo que les permita saber cómo y cuándo obtendrían la indemnización administrativa.

Los montos máximos establecidos en la ley para el reconocimiento de la indemnización administrativa se mantienen, pues de lo contrario sería regresivo en sus derechos.

Se reglamentan los montos de partida de algunos hechos víctimizantes, en aras de la equidad, teniendo en cuenta la intensidad, circunstancias y dimensión del daño que la víctima sufrió.  

El decreto propone indemnizar por primera vez a víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE) o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), pues la normatividad actual no lo permite.

Los ajustes también plantean distribuir la indemnización para las víctimas de desplazamiento forzado por persona y no por familia, ya que se presentaban desigualdades en muchos casos, puesto que recibía lo mismo una familia integrada por una persona, que una familia integrada por cinco personas.

Es claro que el Gobierno Nacional actual, le dio por primera vez el reconocimiento formal y real a las víctimas del conflicto armado, y ha invertido una cantidad de recursos sin precedentes en su atención, asistencia y reparación administrativa.  Las medidas de satisfacción, el acompañamiento psicosocial, la reconstrucción del tejido social de las comunidades y la indemnización, entre otras, son acciones oportunas y necesarias para avanzar hacia la reconciliación y la paz.