El Instituto Popular de Capacitación es uno de los sujetos de reparación colectiva nacionales que reconoce el Gobierno y con el que se desarrollan medidas para recuperar su incidencia social y política.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas acompaña hoy la conmemoración de los 35 años de labores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) a favor de las investigaciones sociales, la formación para la democracia y la defensa de los Derechos Humanos. 

En la actualidad, este actor social y político es uno de los sujetos de reparación colectiva nacionales que reconoce la Unidad para las Víctimas, con el fin de resarcir los daños colectivos a la organización, fortalecer su incidencia social, la memoria histórica de la organización, el acceso a la justicia por parte de sus integrantes, así como recuperar los espacios de política pública sobre la defensa de los derechos humanos y la construcción ciudadana.

“En la Unidad para la Reparación a las Víctimas reconocemos y destacamos la trayectoria del IPC desde 1982, con la formación y el fortalecimiento de sujetos sociales y políticos, el desarrollo de espacios de deliberación pública, la denuncia de los daños del conflicto armado y sus actores, la consolidación de la democracia y la promoción del respeto de los Derechos Humanos”, aseguró Jorge Mario Alzate Maldonado, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.

Alzate destacó el trabajo concertado con el IPC para avanzar con el plan de reparación colectiva, que contiene 11 medidas y 49 acciones que se encuentran en diferentes grados de avance e implementación, entre las que se destacan la divulgación del daño colectivo, la recuperación de su gestión documental, el archivo histórico y la reactivación de sus acciones en pedagogía para la paz y las agendas de posconflicto, a través de procesos formativos en las regiones del Urabá y Bajo Cauca antioqueño.

El acto conmemorativo se desarrolló en el Museo Casa de la Memoria, de Medellín, que concluyó con un conversatorio con defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, la presentación de un video conmemorativo y el lanzamiento  de la publicación “Resistiendo la violencia política. El caso del Instituto Popular de Capacitación – IPC”, cuyo tema central es el esclarecimiento de la verdad frente al daño político ocasionado al movimiento social y a la democracia en Colombia, como consecuencia del conflicto armado y la violencia.

Antecedentes

Entre enero de 1999 y octubre del 2000, la ONG sufrió varios ataques, entre los que se destacan el secuestro y la amenaza contra varios de sus miembros, así como el ataque a la sede de la organización mediante artefacto explosivo. Lo anterior generó pérdida de liderazgos, dado que varios de los miembros se retiraron de la organización por temor y otros se exiliaron, y estigmatización, por las declaraciones del exjefe paramilitar Carlos Castaño, autor intelectual del secuestro, quien señaló a la ONG de “guerrillera”.

Además ocasionó pérdidas materiales por la bomba y el cierre de líneas de investigación, en especial aquellas relacionadas con la situación de derechos humanos del país y la arremetida paramilitar. Asimismo, los miembros manifestaron haber estado sometidos a una gran presión sicológica por la percepción de riesgo inminente, con efectos negativos en su salud, lo que motivó el retiro de varios de ellos.