En el marco de la Feria de Servicios, en el municipio La Palma, Cundinamarca, varias entidades del Estado dieron a conocer lo que ofrecen a las víctimas del conflicto.

Blanca Beltrán Montero fue víctima de desplazamiento en 2002 y desde ese momento su vida dependió de las ayudas que le brindaron vecinos y habitantes de La Palma. Su historia tomó otro rumbo después de que ella y su familia declararon ante el Ministerio Público y fueron incluidos en el Registro de la Unidad para las Víctimas.

Hoy, desde muy temprano, acudió al llamado en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de La Palma; recorrió durante 20 minutos la zona montañosa que se tarda el viaje desde la Olla de Tudelá hasta el casco urbano de La Palma, en un jeep de los que recorren la zona cargados de café y pasajeros.

En el CRAV, la Unidad para las Víctimas le entregó el encargo fiduciario a su hijo menor de edad, al que acompañó a recibir la notificación de unos recursos que podrá utilizar cuando cumpla su mayoría de edad.

Tras la entrega del documento, les explicaron que estos recursos los podrá utilizar en educación, proyectos productivos o en cualquier tipo de inversión. En medio de su emoción manifestó : “Es una alegría enorme saber que después de lo que hemos tenido que pasar mi hijo tiene un ahorrito para cuando sea mayor de edad, él quiere estudiar para salir adelante y apoyar a su papá pues está muy enfermo”.

Esta y otras historias son un referente de que las cosas están cambiando y que la reparación administrativa transforma las vidas de los campesinos en La Palma. Casi toda la población de este municipio cundinamarqués se declaró víctima del conflicto armado. El total de habitantes es de 10 mil 300 personas, de las cuales 10 mil 96 declararon haber sido afectadas directamente por el conflicto, y de esas, el 95% por el hecho victimizante de desplazamiento.

En el marco de la Feria de Servicios en la que los habitantes y vecinos de la zona conocieron la oferta del Estado, fueron atendidas 110 personas a las cuales se asesoró sobre el derecho a la reparación integral, a 40 les entregaron encargo fiduciario, y a otras 70, la indemnización administrativa.  Todo se traduce en 438 millones por indemnizaciones y  117 millones por encargos fiduciarios. 

Las entidades que acompañaron este evento organizado por la Unidad para las Víctimas fueron el SENA, el ICBF, Ministerio de Trabajo y la Unidad de Restitución de Tierras quienes socializaron todos los beneficios a los que la población víctima tiene derecho.