El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Guaviare, busca desarrollar estrategias y rutas de atención que beneficien a las 30.893 víctimas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas, a través de la capacitación a funcionarios de entidades públicas y gobiernos locales.

La Unidad para las Víctimas participó en la jornada de socialización sobre los instrumentos de planeación y ejecución de políticas públicas para las víctimas del conflicto armado en el departamento del Guaviare.

“Estos escenarios de actualización para las entidades y gobiernos locales, permiten que se abran discusiones más amplias no solo sobre el estado actual de los procesos de atención y reparación, sino que se resuelven dudas sobre los procedimientos en su carácter técnico”, indicó Víctor Sánchez, profesional de la entidad en el departamento del Guaviare.

Este tipo de estrategias del Estado buscan la garantía de derechos de la población víctima, a la reconciliación en las regiones y a la recomposición social, para avanzar hacia una paz estable y duradera.

Carlos Pardo Alezones, director territorial para Meta y Llanos Orientales, asegura que para alcanzar este propósito, se han formulado lineamientos generales para la inclusión de la política nacional que brinde orientaciones y recomendaciones a las gobernaciones y alcaldías del país para que en sus planes de desarrollo aborden de manera integral y estructural la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto.

La Ley de Víctimas (1448 de 2011) determina que para el caso de las administraciones departamentales y municipales, su participación en la política de víctimas implica la provisión prioritaria a éstas de bienes y servicios que están dentro de sus competencias misionales, particularizada a sus necesidades como acciones de respuesta que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional.

La capacitación fue impartida por el Ministerio del Interior, asistiendo las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, contando así con la asistencia de funcionarios de la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otras.