El acto administrativo se dio en el marco de la conmemoración de los 18 años de desplazamiento y desaparición forzados por causa de la violencia perpetrada por miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

El 7 de junio de 1999, 30 paramilitares al mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, miembro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), instigaron a la población de Salaminita (Magdalena) para que se reunieran y presenciaran el asesinato de Oscar Barrios, Carlos Cantillo y Maria del Rosario Hernández, esta ultima trabajó 12 años como inspectora de policía en ese corregimiento, ubicado al norte de la cabecera municipal de Pivijay.

Como consecuencia de los hechos perpetrados por los paramilitares, sus habitantes se desplazaron en forma masiva y de esta manera el centro del poblado y parte de su zona rural quedaron desolados y sus casas y predios abandonados.

Luego de 18 años, los magistrados Javier Enrique Castillo Cadena, Puno Alirio Correal Beltrán y Benjamín DJ. Yepes Puerta, pertenecientes al Tribunal Superior de Antioquia de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, ordenaron a varias instituciones del Estado colombiano la reconstrucción del pueblo y de su tejido social y dejaron como constancia histórica los hechos ocurridos del que fueron víctimas los pobladores de la comunidad.

Notificación de inclusión como sujeto de reparación colectiva

El miércoles 7 de junio, día de la conmemoración de los 18 años de la desaparición del pueblo de Salaminita, la Unidad para las Víctimas notificó a 38 familias como Sujetos de Reparación Colectiva.

“Ayer iniciamos con la entrega de la resolución de inclusión en el Registro Único de Víctimas como sujeto colectivo; luego continuaremos con cada una de las fases de la ruta como es el acercamiento, alistamiento, diagnóstico del daño y la formulación del plan integral de reparación colectiva (PIRC); este último comprende las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico”, informó Amparo Chicué Cristancho, directora encargada de la territorial Magdalena.

Por su parte, Lesa Maria Daza Crespo, representante de la comunidad de Salaminita, quién rindió declaración ante la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, el 11 de julio del 2016, manifestó: “esta lucha ha valido la pena; en el año 2009 comenzamos a promover el proceso de reparación en la mesa de la organización de población desplazada, realizada en el municipio de Aracataca, y luego, en marzo del 2013, nos reunimos por primera vez con miembros de la Unidad de Restitución de Tierras, quienes tomaron declaraciones a los solicitantes como primer paso para garantizar nuestra restitución”.