Durante un encuentro con delegados de las agencias de Cooperación Internacional en Colombia, el director de la entidad, Alan Jara, presentó en la mañana de este miércoles los indicadores de gestión de la entidad a favor de la atención a víctimas.

El director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, explicó este miércoles a delegados de organismos de cooperación internacional en Colombia, los logros de la entidad durante el último año y, con indicadores de gestión, demostró que las víctimas reciben en la actualidad una mejor atención frente a sus necesidades.

Basados en las cifras, que han podido constatar en el terreno, los cooperantes internacionales destacaron la labor emprendida por Jara, como cabeza de la Unidad para las Víctimas, en el propósito de mejorar la atención a los sobrevivientes del conflicto y optimizar todos los indicadores de gestión.

“Quiero felicitarlo, doctor Jara, pues es increíble cómo durante el último año la Unidad para las Víctimas es una entidad mucho más eficiente”, expresó Patricia Hunter, directora adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID).

A su turno, Edelma Gómez, representante de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) felicitó la consecución de las metas de la entidad al tiempo que destacó la urgencia de aumentar el presupuesto destinado a la atención de las víctimas, en especial en las zonas rurales.

Iván León, representante de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) destacó el trabajo de la Unidad para las Víctimas, es especial frente al tema de retornos y atención humanitaria pero pidió al Estado colombiano una mayor articulación interinstitucional a favor de las víctimas.

“Felicitamos todos estos avances en materia de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto. Notamos un trabajo eficiente y loable que queremos reconocer”, señaló –a su turno- Juan Ricardo Maldonado, promotor de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.

En el mismo sentido se pronunciaron Felipe Cortés, de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y Marcela López, funcionaria de la embajada de Gran Bretaña en Colombia. Frente a los elogios, Jara destacó el papel de la cooperación internacional a favor de las víctimas.

“Como Estado, el gran reto de Colombia y de los colombianos es ahora la reconciliación. Y en esa tarea, nada fácil, también sabemos que contamos con el apoyo de todos ustedes, que integran los organismos de cooperación internacional”, enfatizó.

Durante su presentación, Jara destacó que una declaración que antes les tomaba a las víctimas 41 días, ahora es inmediata y que las tutelas -que en el pasado ahogaban a la Unidad- disminuyeron 90,5%. Estos, entre muchos avances en la atención a víctimas.

“En el pasado, las víctimas debían esperar hasta un mes para que se les expidiera un certificado de registro. Hoy la entrega es inmediata pues lo pueden hacer a través de internet” destacó el director de la entidad al precisar que desde 2016 se han entregado de manera digital 35.374 certificados.

Las víctimas también ahorran tiempo frente a trámites como la Entrevista Única de Caracterización, antiguo PAARI. Antes, el tiempo de entrevista era de una hora y 40 minutos. En la actualidad dicho trámite tarda, a lo sumo, 40 minutos, lo que representa un tiempo de ahorro de una hora “que va en beneficio de las víctimas”, enfatizó Jara.

Gracias a ese ahorro en el tiempo para la realización de dicho trámite, el Estado ha logrado aplicar en el lapso entre enero de 2016 y abril de 2017 481.531 entrevistas. También, la Unidad para las Víctimas logró abrir 28 nuevos puntos de atención en el mismo lapso, lo que mejora la atención.

En esta misma línea, las tutelas y derechos de petición disminuyeron por la oportunidad y calidad de las respuestas: así, se pasó de 50.926 tutelas pendientes a 31 mayo de 2016, --cuando comenzó su gestión Jara al frente de la Unidad--, a 6.279 con corte a 31 de abril de 2017, lo que representa una disminución del 88% de las tutelas.

Los derechos de petición también disminuyeron: pasaron de 128.416 en mayo de 2016 a 46.896 en abril de 2017, con una reducción del 63%.