Mayo
03
2017
En Soacha, Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones a 70 víctimas de Cundinamarca
En el municipio de Soacha, anexo a Bogotá, la Unidad para las Víctimas entregó este miércoles 70 nuevas indemnizaciones administrativas a personas afectadas por el conflicto armado.
Bogotá, D.C.›Bogotá, D.C.
En el Centro Regional a Atención de Víctimas (CRAV) ubicado en el municipio de Soacha, aledaño al sur de Bogotá, la Unidad para las Víctimas entregó este miércoles cartas-cheque de indemnizaciones administrativas a 70 sobrevivientes del conflicto, quienes podrán cobrarlas en instituciones financieras. El valor total de estas indemnizaciones asciende a $550 millones.
Las personas beneficiadas con esta medida viven en los municipios cundinamarqueses de La Palma, Yacopi, Vianí, Viotá y Soacha y sufrieron por hechos victimizantes relacionados con delitos contra la integridad sexual y/o el desplazamiento forzado.
Estos pagos se suman a los de otras 35 indemnizaciones que para habitantes de Cundinamarca se habían entregado ya este año por 352 millones de pesos. Desde 2009 a la fecha, en este departamento se han entregado 6.471 indemnizaciones a sobrevivientes del conflicto armado, por un valor de 41.619 millones de pesos.
El pago de indemnizaciones administrativas es una de las medidas contempladas en la ruta de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, según la Ley 1448 de 2011 y los decretos y resoluciones que la desarrollan.
La reparación integral tiene en cuenta las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, y se compone de cinco medidas, que se aplican de acuerdo a casa caso: rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución (de tierras, de viviendas, fuentes de ingreso, empleo, de acceso a crédito, etc.) y garantías de no repetición.
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado que garantice el goce efectivo de derechos en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.