Ante la Corte Constitucional la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado presentaron un ambicioso plan de trabajo para dar respuesta oportuna a las demandas de las víctimas de la violencia, en especial a la población más vulnerable

Alan Jara, en su primera salida ante la Corte Constitucional como Director de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, expuso un ambicioso Plan de Trabajo a fin de responder con mayor eficiencia a las víctimas y para superar el rezago que se ha venido acumulando en materia de derechos de petición y de tutelas, situación que afecta la atención priorizada de las víctimas y la gestión de la Unidad.  

Cabe anotar que el alto volumen de derechos de petición en 2015 (1.139.000) y en especial de las tutelas (204.000), ha hecho que una gran parte del trabajo de la Unidad esté orientado a responder estos requerimientos, situación que afecta la atención de las víctimas.

De acuerdo con lo expuesto en la Corte, el uso de la tutela por parte de las víctimas se ha desnaturalizado, produciendo un resultado lesivo contra las mismas víctimas y su reparación integral, ya que son las más vulnerables las que se ven afectadas al no contar con los recursos para acceder a un abogado e interponer una tutela. “El 73% de las tutelas que la Unidad recibe son interpuestas por víctimas que no se encuentran en el mayor grado de vulnerabilidad”, aseguró Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.

Así mismo, Jara señaló: “lo que estamos planteando ante la Corte es que podamos tener una respuesta mucho más ágil a toda la población víctima, en especial a los más vulnerables para que no tenga necesidad de recurrir a la tutela, sino que mediante este plan de trabajo, que comprende medidas de gestión documental, tecnología, equipo de respuesta rápida, presupuesto y de integración de todas las entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV-, se dé una respuesta de fondo y oportuna a las víctimas”.

De igual forma, el director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, expuso como con la ejecución de este ambicioso Plan se generaran unos ahorros importantes que pueden ser reinvertidos en la atención de las víctimas y para el mejoramiento de la justicia; en la Unidad se registrará un ahorro de 16.500 millones de pesos; para el sistema judicial el ahorro será de 109.000 millones de pesos anuales y lo más importante, este Plan permitirá: atención a las víctimas ordenada según el grado de vulnerabilidad, eficiencia en la atención de sus necesidades, se evita el costo de la intermediación y otros asociados a la interposición de la tutela y ante todo logra una respuesta de fondo sin necesidad de tener que acceder a una tutela.

Por su parte, Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, quien intervino al final de la audiencia técnica, aseguró que “venimos a plantearle a la Corte un plan y un compromiso del Gobierno Nacional y de la Unidad para las Víctimas, para avanzar de una manera mucho más ágil y eficaz en la atención de los derechos de petición y tutelas de las víctimas del conflicto, con el fin de racionalizar el trabajo y evitar que se sigan acumulando tutelas, que, de alguna manera, judicializan las decisiones de reparación y que muchas veces terminan afectando a las víctimas más vulnerables que no tienen acceso a la justicia", aseguró el Ministro Cristo.

Al final de la audiencia, Odórico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, dijo que “para el buen funcionamiento de la Unidad para las Víctimas era necesario la realización de la audiencia y agregó que espera que la Corte falle en sabiduría por el bien de las víctimas del conflicto”.