Las mujeres del Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 de 2008 han superado amenazas, intentos de secuestro y agresiones físicas por revelar los riesgos de las desplazadas cuando salen de sus territorios. En reconocimiento a su labor y a la vulneración de sus derechos, estas activistas están en proceso de reparación colectiva con la Unidad para las Víctimas.

Algunas tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otras están en el exilio. Otras cuantas decidieron dejar el grupo. Pero unas 34 mujeres más, pese a las adversidades, impulsan nuevamente el Grupo Distrital de Seguimiento (GDS) al Auto 092, creado en 2008 tras un fallo de la Corte Constitucional que otorgaba protección especial a las desplazadas por el conflicto armado.

“Cuando iniciamos, había una incidencia muy grande, con el Concejo de Bogotá y otras instituciones. Pero a partir del 2009 comienza un proceso de amenazas: algunas mujeres fueron golpeadas, una compañera fue víctima de violencia sexual, a algunas intentaron secuestrarle los hijos, y así sucesivamente”, cuenta Maritza Buitrago, integrante de la organización y oriunda de Santander.

El Auto 092 del alto tribunal unió a estas mujeres que pertenecían a distintas organizaciones sociales, para verificar que se cumpliera lo ordenado: 13 programas para las mujeres desplazadas -teniendo en cuenta su vulnerabilidad-, órdenes de protección para 600 de ellas en el país, y la comunicación a la Fiscalía de atroces crímenes sexuales cometidos en el conflicto armado.

Con este objetivo, las integrantes del grupo se pusieron a la tarea de dar a conocer el fallo para quienes no supieran aún de su significado. Pero eso les trajo problemas. “Para que se cumplan las normas, hay que hacerles seguimiento. (…) No siempre se cumple todo y exigir eso nos ha causado enemigos”, asegura, por su parte, María Alba Castro, representante legal de la organización, quien nació en Caquetá y lleva 15 años en Bogotá.

Después de que varias de sus integrantes fueran blanco de intimidaciones, aparecieran en panfletos firmados por bandas criminales y se tuvieran que desplazar nuevamente dentro de la misma ciudad, “el proceso de incidencia bajó”, confiesa Castro. Sin embargo, “a partir del 2013 nos contactan para convertirnos en sujeto de reparación colectiva” de la Unidad para las Víctimas, relata.

Para acceder a la reparación colectiva, las comunidades o grupos sociales deben ser incluidos en el Registro Único; preparar, en conjunto con las autoridades, un plan integral para volver realidad ese resarcimiento; y una vez aprobado el plan, por parte de un Comité de Justicia Transicional, apoyar la implementación de las medidas contenidas en él, que desarrollan las entidades del Estado que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

El plan de reparación del GDS fue aprobado en diciembre de 2015 y actualmente se encuentra en etapa de implementación.

“Nos reconocieron como sujeto de reparación colectiva en abril del 2015, se aprueba el plan en diciembre, se hace en abril de 2016 una reunión de priorización de medidas, y ya están las medidas priorizadas”, afirma Buitrago.

El plan contempla la dotación de una sede para que las mujeres puedan reunirse, apoyo a talleres y seminarios para seguir difundiendo el alcance del auto 092, y asistencia legal, psicosocial, educativa, entre otras medidas. “Estamos ahí, con mucha expectativa, aunque ha sido duro”, reconoce Buitrago.

Como parte de este esfuerzo, el viernes 10 de junio tuvo lugar el foro “Educación para la paz: retos y desafíos para reparar”, en la alcaldía de Bogotá, que contó con la presencia de funcionarios de la Unidad, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Organización de Estados Americanos, entre otras entidades que ayudarán a implementar el plan.

Para Carolina Albornoz, subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad, este proceso es “importante, teniendo en cuenta que las integrantes del Grupo Distrital han sido re-victimizadas aún después de haber sido desplazadas de sus territorios”.

“Es uno de los más de 340 sujetos de reparación colectiva que avanzan hasta la fecha en la Unidad”, asegura Albornoz. “Ocho de estos casos pertenecen a organizaciones de mujeres”, agrega.

Impacto “desproporcionado”

En el auto 092, la Corte reconoció los riesgos que padecen las mujeres antes de ser desplazadas y los que continúan ya en la ciudad de acogida.

“En el territorio, hay riesgo de reclutamiento forzado de nuestros hijos, de violencia sexual hacia nosotras, de explotación laboral doméstica, de no tener atención en salud, de ser tildadas de pertenecer a un grupo o al otro”, resume Buitrago.

Además, allá “estábamos acostumbradas a contar los huevos, a alimentar los cerdos, a ordeñar las vacas y al llegar a una ciudad, no podemos hacer esto”, dice. Pese a ello, “en el nuevo lugar, es más fácil para una mujer acceder a una oferta laboral, de empleo doméstico, que para un hombre”, complementa Gladys Aristizábal, también integrante del grupo, quien llegó de Caldas hace ocho años.

Esta inversión de roles entre el hombre y la mujer después del desplazamiento genera ruptura. “Algunos hombres no soportan el hecho de que la mujer genere lo que antes ellos llevaban al hogar y se produce el abandono”, relata.

Esto, agregado al hecho de que “a los hombres se les asesina más que a las mujeres en la guerra”, hace que estas últimas terminen “aguantando el impacto de la guerra”, destaca.

Entonces, “lo que dice la Corte es que el desplazamiento causa un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres”, concluye.

Además del Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 de 2008, otras organizaciones de mujeres están en proceso de ser reparadas: la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (Anmucic) y separadamente, su seccional de El Zulia; la Organización Femenina Popular (OFP); la Liga de Mujeres Desplazadas; la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca); Narrar para vivir y la Asociación de Mujres Afro por la Paz (Afromupaz).