La Unidad para las Víctimas presentó los resultados de la certificación territorial 2014, una medición que le toma el pulso al compromiso de alcaldías y gobernaciones con las víctimas del conflicto.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizó la entrega de la certificación territorial 2014, un reconocimiento a la contribución de los departamentos, distritos y municipios al goce efectivo de los derechos de las víctimas, a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral.

El evento contó con la presencia de gobernadores, alcaldes, representantes del Ministerio del Interior, los organismos de control, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, de la Comisión de Víctimas del Congreso de la República y de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.

La certificación territorial es un ejercicio de medición que anualmente busca identificar, evidenciar y reconocer los avances, fortalezas, debilidades y necesidades de las entidades territoriales para la efectiva aplicación de la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), de manera tal que se pueda asistir a las autoridades locales y regionales y definir  dónde priorizar o focalizar acciones que beneficien a la población víctima.

El proceso ha permitido ajustar el seguimiento y evaluación de las entidades territoriales, según el nivel de aplicación de la política pública en que se encuentren. De ahí, que en el año 2012 se evaluaron acciones relacionadas con la adecuación y alistamiento institucional que establecía la Ley de Víctimas que debían ejecutar tanto municipios como departamentos. En 2013, la evaluación se orientó a medir la operatividad de esa institucionalidad, y la implementación inicial de programas y/o proyectos para beneficiar a la población víctima de cada territorio.

Según la directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, “aunque persisten retos en la implementación de la política para víctimas en los territorios, sabemos que se han desarrollado muchos programas y estrategias exitosas; esas lecciones aprendidas y buenas prácticas son el capital más valioso que dejan las actuales administraciones a los nuevos mandatarios que enfrentarán los retos que implica construir un país que reconozca a las víctimas y camine hacia la paz”.

Para la vigencia 2014 el énfasis de la medición fue la consolidación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas: una revisión del avance de las competencias evaluadas el año anterior y la implementación de otros componentes relacionados con reparación colectiva, restitución de tierras y prevención, que no habían sido incorporados anteriormente.

“Las 43 entidades que registran una calificación sobresaliente y las 216 en alta dejan ver el compromiso en materia de articulación, planeación, ejecución presupuestal, apoyo a la participación efectiva de las víctimas y otras acciones de la coordinación interinstitucional o con el sector privado para proyectos que beneficien a la población víctima en el territorio”, sostuvo Gaviria.

Por último, la directora de la Unidad para las Víctimas sostuvo que “los resultados son muy alentadores, el compromiso de las alcaldías con la implementación de la política mejora considerablemente en aquellos municipios donde hay una mayor concentración de población víctima. Al revisar detalladamente los 216 municipios que albergan el 80 por ciento de las víctimas inscritas en el registro, observamos que solo el 31 por ciento obtuvo una certificación baja, mientras que el 31.5 por ciento tiene una calificación alta, lo que significa que el 68 por ciento de estas alcaldías está trabajando por la garantía de los derechos de las víctimas”. Y agregó que “para 2015 aumentamos la exigencia en la implementación de medidas y en 2016 empezaremos a revisar con los órganos de control las acciones contempladas en los Decretos Ley étnicos”.

¿Quién es quién en la certificación? 

• 43 entidades territoriales se situaron en un nivel de contribución alta sobresaliente (superior al 100 por ciento al obtener puntos adicionales por el cumplimiento de criterios opcionales). En este grupo se destacan las gobernaciones de Antioquia, Meta y Huila y los municipios de Sitio Nuevo, Tibú, Suaza, Barrancabermeja, Algarrobo, El Peñón y Santa Rosa del Sur.
• 216 entidades territoriales obtuvieron un nivel de contribución alta (una puntuación entre el 75 por ciento y el 100 por ciento), cifra que evidencia un gran compromiso en la implementación de la política.
• 417 entidades territoriales lograron un contribución media (entre el 50 por ciento y el 75 por ciento), que deja ver su interés en implementar la política pública de víctimas pero hay aspectos por fortalecer.
• 457 entidades registraron una baja contribución y tendrán que realizar inmediatamente acciones para consolidar la política en sus territorios, pues no alcanzaron el 50 por ciento de las actividades evaluadas.
• En relación con las ciudades capitales es evidente una mejora en las calificaciones, 21 de ellas obtuvieron resultados de certificación alta (16) y sobresaliente (5), y solo una registró un nivel bajo. Se destacan Villavicencio, Leticia, Bogotá, San José del Guaviare y Medellín.
• En cuanto a Gobernaciones, el panorama es similar al 2013, con un 50 por ciento que registra una contribución alta, mientras la otra mitad se distribuye equitativamente en niveles medios y bajos. Sin embargo, se destacan las acciones de acompañamientos a los municipios de cada jurisdicción.