La Unidad para las Víctimas certifica el desempeño de las entidades que tienen alguna responsabilidad con el bienestar de las víctimas.

Durante la sesión del Gran Snariv, que se realiza en Bogotá, se entregó la certificación a las entidades que con su contribución han hecho posible una efectiva aplicación de la política pública de víctimas. En el evento fueron certificadas 36 entidades de 14 diferentes sectores que apuntan con su labor al goce efectivo de derechos de la población víctima. 

Los encargados de entregar el reconocimiento fueron el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, la Directora (e) de la Unidad para las Víctimas, Iris Marín y Odórico Guerra por parte de la Mesa Nacional de Víctimas; quienes resaltaron el papel de las víctimas en la construcción de la paz y plantearon importantes reflexiones sobre el papel de los entes territoriales a la hora de hacer frente a ese desafío, a partir de un balance crítico de la aplicación de la ley, resaltando el compromiso del gobierno de Juan Manuel Santos. 

Iris Marín mencionó varios retos que se deben superar en este momento de construcción de paz: “Es necesario fortalecer el sistema, que al menos las víctimas reciban dos medidas de reparación, incluyendo la atención psicosocial, además, es muy importante la reparación en función de una reconstrucción del tejido social. Tenemos el desafío de dinamizar los trámites a nivel local, trabajar más de la mano con las víctimas del exterior, fortalecer los enfoques diferenciales y de género, responder a las inquietudes que plantean las mesas de participación y, por último, ser consecuentes con la adecuación institucional necesaria para responder a las desafíos que implica la construcción de una sociedad sin conflicto armado. Esos son los desafíos de la política y ustedes son los responsables de que lleguemos a buen puerto”.

Las certificaciones

En el sector Hacienda, Función pública y Planeación, se entregó el reconocimiento al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; por parte del sector de la Inclusión Social y Organización Electoral, la certificación fue para el Departamento para la Prosperidad Social y la Registraduría Nacional del Estado Civil; en el sector de Verdad y Justicia, se valoró el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la  Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Adicionalmente fueron reconocidos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección en el sector de Relaciones Exteriores e Interior; el Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior – ICETEX, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Nación, Ministerio de las Tecnologías de la Información y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el sector Cultura y Educación y en sus temas, el Banco de Comercio Exterior - Bancoldex, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de Colombia. 

En relación con el sector agropecuario se certificó la labor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, el Banco Agrario, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO y la Superintendencia de  Notariado y Registro. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo fue destacada en el sector de Órganos de Control, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el sector estadístico, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el sector Vivienda. 

Finalmente, se destacó la labor del Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el sector trabajo y a las entidades del Departamento Administrativo de la Presidencia: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, por su ingente labor a la hora de impulsar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.