Mar
14
2018

Unidad recuerda a entes territoriales la importancia de los Comités de Justicia Transicional

En el Comité, la Unidad para las Víctimas explicó a los delegados de alcaldías y gobernaciones que la asistencia no es para hacer quórum, sino para participar activamente y tomar decisiones, en el marco de la norma pertinente a cada ente.

Norte de SantanderCúcuta

Los alcaldes y otros funcionarios de orden municipal, departamental y nacional, que hacen parte del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), deben asistir  a estas reuniones cuando las convoque el gobernador del departamento, en este caso de Norte de Santander, porque su participación es indelegable.

Así lo explicó en el primer encuentro de este Comité en 2018, la profesional de Nación-Territorio de la Unidad para las Víctimas, Nelly Flórez, quien asistió con el director territorial, Saniel Peñaranda, y los funcionarios Reynaldo Rincón y Bety Rincón.

“Aquí no venimos a deliberar o analizar  propuestas, aquí venimos a tomar decisiones y deben estar presentes los que  pueden tomar esas decisiones. No venimos por venir, para hacer quórum,  debemos participar activamente con las ofertas  y acciones que en el marco de la noma les corresponde a cada uno y que están definidas en la ley 1448”, señaló Flórez.

La funcionaria agregó que cuando se presenten ausencias, deben estar muy bien sustentadas y enfatizó en que así como  estaban presentes en esta primera reunión del CTJT los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas, también debían estar  los representantes  de las comunidades étnicas –indígenas, afrodescendientes y Rrom-.

La reunión fue instalada por el titular de la Secretaría de Víctimas y Posconflicto del Norte de Santander, Luis Fernando Niño,  delegado por el  gobernador, William Villamizar.

Los Comités de Justicia Transicional son la máxima instancia en los municipios, distritos y departamentos en los que participan también delegados de entidades nacionales y voceros de las víctimas para tomar decisiones en desarrollo de la política pública para las víctimas del conflicto armado.