La propuesta busca la exoneración de los saldos pendientes de los predios pertenecientes a la comunidad Nasa que registran cartera morosa en las secretarías de Hacienda de los municipios de estas regiones.

Durante una reunión entre representantes del Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y mandatarios locales de Cauca, Putumayo y Valle del Cauca se presentó una propuesta que busca la reparación integral para las víctimas de la masacre del Nilo perpetrada en 1991 contra indígenas por parte de grupos armados.

La propuesta tiene como objetivo principal la exoneración de los saldos pendientes de los predios objeto de transferencia y formalización que registran cartera morosa en las secretarías de Hacienda de los municipios de estas regiones.

“Desde la Unidad, en nuestra labor de articulación y coordinación, estaremos buscando con las entidades territoriales poder trabajar de la mano para la exoneración de impuestos de estos predios como medida de satisfacción de estas comunidades que también son sujeto de reparación colectiva, buscando apropiar las propuestas expresadas hoy por los alcaldes y demás entidades del SNARIV para dar cumplimiento a estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, explicó Carolina Cotes, subdirectora de Coordinación Nación Territorio.

Esta iniciativa va encaminada al cumplimiento del informe No. 36/00, del caso 11.101, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca la formalización de predios como una medida de reparación con estas comunidades.  

Para Milady Dicué Morales, consejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, “el hecho que la Unidad esté interviniendo en este proceso es fundamental para nosotros porque nos da unas garantías adicionales de poder avanzar en la materialización de esta medida”.  

Con el saneamiento de los pasivos y la posterior formalización y transferencia de los predios, las entidades territoriales empezarían a percibir el pago de los impuestos por parte de los nuevos propietarios y les generarían a sus municipios un puntaje adicional en la certificación territorial que realiza la UARIV sobre el cumplimiento de la política pública de víctimas (PPV).

Para James  Eduardo Medina, alcalde de Jambaló, Cauca, “la propuesta es muy buena ya que se puede materializar en la medida en que las diversas instituciones como el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Hacienda, el DNP y los órganos de control puedan garantizarnos a nosotros el blindaje en la toma de estas decisiones, para que no existan inconvenientes administrativos posteriores, no solo a la entidad territorial que me compete, sino en todas las entidades territoriales que se ven involucradas en este proceso de diálogo que estamos llevando”. 

(Fin/FMB/COG)