Municipios de Nariño implementarán política pública de víctimas en sus territorios
A través de un proceso de articulación entre la Gobernación de Nariño, el Ministerio del Interior y la Unidad para las víctimas, se desarrollaron jornadas de fortalecimiento en la formulación de los planes de Acción Territorial.
La Gobernación de Nariño, a través de la subsecretaría de paz y derechos humanos, y en articulación con el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, desarrollaron tres jornadas de asistencia técnica dirigidas a los alcaldes, secretarios de gobierno, planeación y enlaces de víctimas, con el fin de brindar asesoría y acompañamiento en la formulación y aprobación del Plan de Acción Territorial (PAT) y las herramientas tecnológicas dispuestas para ello, como el Reporte Unificado del sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST).
Durante estas jornadas, el subsecretario de Paz y Derechos Humanos, José Amílcar Pantoja, reiteró el acompañamiento por parte de la Gobernación de Nariño: “Estos espacios nos permiten reforzar el conocimiento y llevar a la práctica lo aprendido en espacios anteriores. Agradezco el acompañamiento de la Unidad para las víctimas y reiteramos nuestro compromiso para establecer la política pública de víctimas en cada territorio y posteriormente articular los planes municipales con el departamental, cumpliéndole así a las víctimas del Departamento”.
El PAT es, además, un instrumento para la definición de compromisos por cada nivel de gobierno, partiendo de la identificación de las necesidades de la población víctima y la definición de compromisos (acciones, metas, programas y presupuesto), y la articulación con los otros instrumentos locales de planeación (Planes Operativos Anuales de Inversión, planes de acción sectoriales, entre otros).
Adicionalmente, el RUSICST permite fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales mediante la divulgación de la política pública, la identificación de las falencias institucionales y la propuesta e implementación de un plan de mejoramiento que le permita avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la población víctima.
(Fin/LNB/CMC/LMY)