La capacitación de la Unidad para las Víctimas la recibieron alcaldías y gobernaciones con participación de 1.040 funcionarios de 766 entidades territoriales.

Se conocieron los resultados de los informes de seguimiento del primer semestre del 2021 con detalles del cumplimiento de las competencias de las entidades territoriales en materia de ejecución de la Política Pública de Víctimas.

Este ejercicio permitió que las entidades territoriales tomaran acciones correctivas frente a las labores que no se han desarrollado con la población víctimas del país.

En total fueron 50 jornadas de asistencia técnica con gobernaciones y alcaldías en todo el territorio nacional. 

Sobre este tema, la Subdirectora Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas, Carolina Cotes, aseguró: “tenemos la entrega del primer informe de seguimiento e implementación de la política pública de víctimas, tanto de alcaldías como de gobernaciones, con el objetivo de que las mismas antes de terminar la vigencia fiscal puedan hacer y construir las acciones de mejora pertinentes a lo que les ha faltado para la implementación de la política pública de Víctimas, pero sobre todo para garantizar, en el marco de sus competencias en la Ley 1448, el goce efectivo de derechos”. 

Durante estas jornadas, en las que participaron 1.040 funcionarios de 766 entidades territoriales de todo el país, se socializaron los criterios definitivos de certificación territorial para la vigencia 2021, exponiendo las fuentes de información usadas para la evaluación de cada criterio y los parámetros que se tendrán en cuenta para la calificación de cada uno de ellos. 

Además, se fortaleció el ejercicio para que las entidades puedan cargar información de las bases de datos de las víctimas que están accediendo efectivamente a cada programa dispuesto por las entidades en sus Planes de Acción Territorial y que fueron anualizados para esta vigencia.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 se espera entregar un segundo informe de la implementación de la Política Pública de Víctimas, que permita revisar cómo las entidades territoriales implementaron estas mejorar para la atención de las víctimas.

(fin/FBV/COG)