Mediante la aprobación del plan de contingencia y el plan de prevención, protección y garantías de no repetición, este departamento se prepara para responder a posibles eventos del conflicto armado.

En cumplimiento de los espacios de participación que contempla la ley de víctimas (Ley 1448), la gobernación del Tolima y la Unidad para las Victimas dirección territorial Central, lideraron el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) que contó con la presencia de los delegados de la Mesa Efectiva de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército. 

Durante el encuentro virtual se aprobaron por unanimidad tanto el Plan de Contingencia como el Plan de Seguridad y al tiempo se socializó el calendario para la realización de las elecciones de Mesas de Participación.

Plan de contingencia 

En el Tolima los 47 municipios cuentan con un plan de contingencia actualizado en temas como las alertas tempranas, ruta de atención para líderes sociales y protocolos en materia preventiva.   

Frente el componente de ayuda humanitaria, la Unidad para las Víctimas socializó la estrategia de apoyo subsidiario que para esta región tiene disponible un presupuesto de $229 millones.

“Estos recursos no suponen una transferencia directa para los municipios o el departamento, sino que se van ejecutando de acuerdo con las solitudes que realizan los entes territoriales para las víctimas que cumplan con los criterios establecidos”, precisó la directora de la territorial central del Unidad para las Víctimas, María José Dangond David.

A la fecha, por este concepto, la Unidad ya ha girado $22 millones para 129 hogares apoyados en ocho municipios. 

Plan de prevención 

Este documento fue presentado por la Secretaría del Interior y aprobado por la plenaria, previo análisis de la situación de orden público del departamento y en el que se identificaron los escenarios de riesgo por la dinámica de la violencia que se está presentando en el departamento con miras a prevenir situaciones adversas. 

“En esta región, durante el año 2020, se presentó el desplazamiento forzado de 232 hogares y por el hecho victimizante de la desaparición forzada se presentaron cinco declaraciones que dejan 23 víctimas”, puntualizó el secretario de del Interior, Alexander Tovar. 

Plan acción 

Durante la sesión tanto la directora territorial como la mesa de víctimas solicitaron al gobierno departamental agilizar la presentación del plan de acción para la vigencia 2021, en aras de un trabajo articulado en cumplimiento de la Política Pública de Víctimas. De la misma manera, Germán Darío Bernal, representante de las víctimas pidió una audiencia con el gobernador Ricardo Orozco, ya que durante su mandato no sido posible esa reunión.  

Finalmente, desde la coordinación de partición de la Unidad para las Victimas, se explicó el cronograma para las elecciones de las nuevas mesas de participación de víctimas que tendrán lugar entre agosto y septiembre de 2021. Para este punto se acordó una nueva reunión en la Unidad, la Secretaría del Interior y la Defensoría del Pueblo para el próximo miércoles 2 de junio.   

 Fin/WPG/COG