Así lo dio a conocer el Gobierno departamental en el segundo Comité de Justicia Transicional en el que fue aprobado el Plan de Acción Territorial (PAT).

La Unidad para las Víctimas, en cabeza de las direcciones territoriales de Bolívar y San Andrés, y Magdalena Medio, participaron en el segundo Comité de Justicia Transicional del departamento, en el que fueron aprobados el Plan de Acción Territorial (PAT) y el Plan Integral de Prevención y Protección. 

El PAT está compuesto por 142 acciones que se desarrollarán en el cuatrienio, con recursos superiores a $507 millones, lo que permitirá la atención de las más de 357.000 víctimas de Bolívar y la implementación de acciones para los 40 sujetos de reparación colectiva y la población retornada o reubicada de 18 municipios del departamento. 

“Celebramos los recursos que serán invertidos para la atención a la población víctimas del conflicto. Me parece muy oportuno la propuesta de hacer el seguimiento de este PAT semestral y anualmente, lo que permitirá hacer evaluación y seguimiento, para dar cumplimiento a las acciones”, manifestó la directora territorial de la Unidad en Bolívar y San Andrés, Miledy Galeano Paz 

Por su parte, la directora territorial de la Unidad en el Magdalena Medio, Amparo Chicué Cristancho, indicó que “es necesaria la intervención de la Gobernación en los puntos de atención especialmente en lo que tiene que ver con conectividad y energía eléctrica”. 

Al respecto, el gobernador (e) de Bolívar, Álvaro Redondo Castillo, señaló que dentro del PAT se tiene proyectada la inversión infraestructura vial, conectividad y proyectos de energía, que van a beneficiar a las víctimas y a los municipios que hacen parte de los PDET. 

En cuanto al Plan integral de prevención y protección se establecieron nueve escenarios y protocolos de actuación dentro de los que se cuenta: amenazas a líderes, miembros de organizaciones sociales; abandono y despojo forzado de tierras; reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por actores armados ilegales y bandas delincuenciales; desplazamiento forzado; prevención y educación en el riesgo de minas; trata de personas; derechos de la comunidad étnica e indígena; y seguimiento periódico de acuerdo a las alertas tempranas emanadas por la Defensoría.

Por su parte, Arnulfo Cardosi Julio, miembro de la Mesa de Participación departamental y representante de las comunidades negras, resaltó que “por primera vez en un Plan de Prevención nos sentimos representados y se incluya un capítulo especial para las comunidades étnicas". "Destacamos la disposición del gobierno departamental para trabajar de manera articulada estos planes con los representantes de las víctimas”, agregó.

Por último, la Procuraduría destacó el trabajo participativo con las víctimas para la elaboración del PAT y que se tuvieran en cuenta las 15 alertas tempranas vigentes, así como la debida articulación entre el PAT, el plan integral de prevención y protección y el Plan de Desarrollo del Gobierno departamental. 

(Fin/PDC/CMC/LMY)