Comité de justicia transicional reúne a entidades de Guaviare para revisión de avances en política pública de víctimas
La corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado, establece los niveles de ejecuciones de las entidades territoriales de los programas y los recursos para la ejecución de las acciones para la reparación integral de esta población.
La Unidad para las Víctimas acompañó el desarrollo del Comité departamental de Justicia Transicional del Guaviare, en dónde se destacó la solicitud por parte de la entidad de la regionalización de los recursos asignados a las víctimas del conflicto armado, residentes en este territorio.
En la sesión se hizo la presentación de resultados del Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno (RUSICST) y el Plan de mejoramiento periodo 2016.
Así mismo, se socializó el seguimiento al Plan de Acción Territorial presentado por cada secretario de despacho o director de oficina, estableciendo los avances en cada uno de los programas incluidos en el documento.
La Unidad para las Víctimas, informó sobre los nuevos lineamientos en cumplimiento del Decreto 2460, por el cual se adopta la estrategia de corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno, estableciendo los niveles de ejecuciones de las entidades territoriales de los programas y en esta misma línea de los montos que serán asignados a cada municipio.
Las entidades también compartieron los avances en los Planes de prevención protección y garantías de no repetición.
En cuanto a los avances en los procesos de reparación colectiva en el departamento, se destaca la notificación de los sujetos de reparación colectiva de Charras, Charrasquera y Miraflores, realizándose la capacitación y el acercamiento con estas comunidades e instalando los comités de impulso. Para el desarrollo de estas acciones se ha contado con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo.