Los Comités de Justicia Transicional son la puesta en marcha de estrategias e instrumentos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación, que buscan garantizar la atención, asistencia y reparación integral a víctimas.

La Unidad para las Víctimas acompañó y orientó el primer Comité de Justicia Transicional en Puerto Nariño, comunidad localizada a orillas del río Loretoyaco en el departamento del Amazonas.

El Comité conformado por las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas, revisó lo establecido en los anteriores planes de acción territorial, realizando los ajustes correspondientes para el año en curso.  En esta misma línea, el Ejército Nacional socializó el concepto de orden público, dando parte favorable a partir del resultado del Consejo de Seguridad de las fuerzas militares.

En concertación con la Mesa de Víctimas de Puerto Nariño, se analizaron temas como mejoramiento de vivienda, estrategias para la generación de ingresos y el seguimiento al estado de las ayudas humanitarias destinadas para víctimas de este municipio.

“Este espacio institucional es el encargado de elaborar, ajustar y adoptar territoriales conforme a los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.  Es la oportunidad de articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición quedando establecidas acciones dentro de los Planes de Acción Territorial, orientados a la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, en concordancia con lo consignado en los Planes de Desarrollo Territoriales”, afirmó Carlos Pardo, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos orientales.

Dentro de las funciones del comité, se encuentran:

1. Servir de instancia de articulación para la elaboración de los planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo territoriales a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas contempladas en la Ley 1448 de 2011.

2. Coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto en el nivel departamental, municipal o distrital.

3. Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición.

4. Coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población víctima.

5. Adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas, proyectos y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración.

6. Preparar informes sobre las acciones que se han emprendido y su resultado, los recursos disponibles y los solicitados a otras autoridades locales, regionales y nacionales, sobre las necesidades de formación y capacitación del personal que ejecutará las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

7. Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos encaminados hacia la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas incorporen medidas que respondan a las necesidades particulares de los sujetos de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.

8. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes necesarios a la ejecución del plan de acción territorial de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, teniendo en cuenta los avances en el cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo.

9. Adoptar las estrategias que se requieran para garantizar la participación de las víctimas en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de acción territorial de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.