El Gobierno nacional, tras nueve años de la Ley 1448 de 2011, busca seguir articulando esfuerzos entre la institucionalidad pública nacional, regional y local, para garantizar el goce efectivo de derechos y las medidas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Pese a la compleja situación que atraviesa el país, la Unidad para las Víctimas, con el propósito de dar continuidad a la estrategia de nuevos mandatarios y la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional que permitan el avance de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se encuentra liderando en el departamento de Atlántico jornadas de trabajo y capacitación dirigida a las alcaldías municipales y Gobernación del departamento para la formulación y aprobación del Plan de Acción Territorial  (PAT) 2020 – 2023.

Teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley 1448 de 2011, las entidades territoriales juegan un papel decisivo, por lo que el Gobierno nacional, en particular la Unidad para las Víctimas como coordinador Nación-Territorio, con el apoyo del Ministerio del Interior, está brindando el debido acompañamiento a la Gobernación del Atlántico y a 23 alcaldías municipales para propiciar herramientas que faciliten la gestión de estos entes territoriales.

“La Política de Víctimas y el cumplimiento debido de todas las medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto requieren de un esfuerzo conjunto entre la institucionalidad pública nacional, regional y local, y la participación eficaz de las mismas víctimas, organizaciones sociales, de la empresa privada, organismos de cooperación internacional y la sociedad en general”, expresó Alfredo Palencia, director territorial de la Unidad para las Víctimas.

Durante las jornadas técnicas realizadas a través de una plataforma virtual, Carmenza Carolina Cotes, subdirectora coordinación Nación-Territorio de la Unidad para las Víctimas afirmó que “estas herramientas y lineamientos que les estamos presentando, en especial a la Gobernación, les permitirá hacer seguimiento al ejercicio de los municipios, para mirar hacia dónde se están enfocando y tener en cuenta hacia qué componente y necesidades de las víctimas están enfocando sus recursos”.

De acuerdo con el Artículo 174 de la Ley 1448 y el Artículo 254 del Decreto reglamentario 4800 de 2011, los planes de Acción Territorial contemplan las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, los cuales deben ser elaborados por los mismos departamentos, municipios y distritos para una vigencia de cuatro años en concordancia con los periodos de lo mandatarios locales, y deben guardar coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de Desarrollo Territorial.

Los PAT deben tener en cuenta para su formulación las herramientas de planeación, gestión y presupuestos territoriales dentro de las cuales se encuentran: el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los Planes de Ordenamiento Territorial, los planes de agua, de vivienda y los dirigidos a población en pobreza extrema, es decir, deben hacer parte de la apuesta de desarrollo social y local de las administraciones territoriales.

(Fin/HDP/CMC/LMY)