Por primera vez desde la expedición de la Ley de Víctimas, para la vigencia 2020-2023 se adelantó un ejercicio de análisis de la incorporación efectiva de la Política Pública de Víctimas en 1.003 Planes de Desarrollo Territoriales.

En cumplimiento de las responsabilidades que confiere el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011 en relación con el diseño de una estrategia de articulación de oferta pública en línea con los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y que incluya las condiciones diferenciales de las entidades territoriales en aspectos administrativos, presupuestales y de necesidades de la población víctima, la Unidad para las Víctimas lideró la construcción del Decreto 2460 de 2015, a través del cual se reglamenta parcialmente el artículo mencionado y se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad.

Este avance normativo establece los procesos para garantizar la coordinación de acciones y recursos de las entidades públicas nacionales y territoriales a través de la aplicación de los principios de concurrencia y subsidiariedad.   

A partir de los programas, metas y recursos incluidos en el Plan de Desarrollo Territorial y en armonía con los demás instrumentos de planeación y presupuesto, las entidades territoriales formulan el Plan de Acción Territorial para el cuatrienio, garantizando la apropiación de recursos y la destinación a programas o proyectos que contribuyan a la superación de la situación de vulnerabilidad de la población víctima, así como al goce efectivo de los derechos de esta.

Por primera vez desde la expedición de la Ley de Víctimas, para la vigencia 2020-2023 se adelantó un ejercicio de análisis de la incorporación efectiva de la Política Pública de Víctimas en 1.003 Planes de Desarrollo Territoriales.

Como parte del proceso de mejora continua, la Unidad para las Víctimas incorpora las lecciones aprendidas desde la promulgación de este decreto en la Estrategia de Nuevos Mandatarios y Cierre de Gobiernos. Estrategia enfocada en la incorporación efectiva de la Política Pública de Víctimas en los programas de gobierno de los mandatarios entrantes, así como en brindar apoyo técnico para la elaboración de los informes de gestión de las administraciones salientes.

Desde la implementación de la Ley 1448 del 2011, por primera vez se pudieron identificar que 1.126 entidades territoriales formularon su Plan de Acción territorial, en donde se establecieron 35.576 programas definidos por las entidades territoriales para prevenir, proteger, atender, asistir y reparar a las víctimas de la violencia en los territorios.

Es importante resaltar que estos ejercicios están vinculados con la Certificación Territorial, la cual fue ajustada en dos vías: por un lado, desde el inicio de las administraciones se cuenta con los criterios que serán evaluados en el cuatrienio; de otro, los resultados de esta medición se entregan en la misma vigencia fiscal.

En este proceso, la Unidad ha certificado 1.133 entidades al año en promedio.

La definición de los criterios de certificación se realizó por primera vez con la participación de las víctimas, esto se llevó a cabo con el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional, los coordinadores de las Mesas Departamentales y Distrital, los delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas y los diferentes subcomités técnicos, como también con representantes de la Unidad para las Víctimas y de la Unidad de Restitución de Tierras.

Respecto a las herramientas y en el marco de la racionalización de estas, después de un ejercicio de análisis en términos de utilidad y flexibilidad, en 2020 se deshabilita el Tablero PAT, dando paso al módulo de planeación en la plataforma de aplicaciones VIVANTO. La innovación de este módulo radica en la armonización efectiva de los tiempos de gestión pública con los de planeación territorial, de manera que se sistematiza, por primera vez, el Plan de Acción Territorial del cuatrienio, facilitando la anualización en cada vigencia fiscal.

Finalmente, es importante resaltar que la Unidad para las Víctimas está comprometida con el fortalecimiento de las entidades territoriales a través del acompañamiento conceptual y técnico para la implementación de las estrategias diseñadas.

(Fin/MLE/RAM)