Durante una jornada de asistencia técnica, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del departamento, las alcaldías y los representantes de las víctimas compartieron avances y desafíos para el próximo periodo de gobierno en términos de atención a los afectados por el conflicto armado.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio del Interior realizaron en la Casa del Adulto Mayor de la alcaldía del municipio de Puerto Carreño una jornada de asistencia a las entidades territoriales del departamento del Vichada.

Carlos Arturo Pardo Alezones, director de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos Orientales, indicó que la jornada tenía por objetivo brindar lineamientos a las entidades territoriales sobre la inclusión de la política pública de víctimas en los Planes de Desarrollo locales; socializar el Decreto de Corresponsabilidad; dar orientaciones sobre los mecanismos de seguimiento de dicha política e incentivar la participación efectiva de las víctimas.

Teniendo en cuenta que ya han transcurrido cuatro de los diez años previstos para la implementación de la Ley de Víctimas, la profundización en el trabajo realizado mediante los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635, y los procesos de reparación colectiva, tendrán importantes consecuencias para las víctimas.

Durante el encuentro, intervinieron la gobernación del Vichada y a las alcaldías de Puerto Carreño, Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo (Vichada). Javier Darío Velásquez Pulecio, profesional de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos Orientales, afirmó que gracias a esta jornada se creó un espacio de acercamiento entre las Mesas de Participación de Víctimas y las nuevas autoridades locales, orientado al mutuo reconocimiento y la socialización de las propuestas elaboradas por las mesas para que sean tenidas en cuenta en los nuevos Planes de Desarrollo.

En el departamento del Vichada, los avances de estos primeros cuatro años fueron atribuibles a la acción conjunta de las entidades territoriales y del Gobierno Nacional, los cuales han participado activamente en el diseño, implementación y seguimiento de esta política, así como en mecanismos de articulación y en la consecución de recursos en favor de las víctimas.

“En el inicio de un nuevo periodo de gobierno en las entidades territoriales, es la oportunidad propicia para realizar los ajustes requeridos y para definir compromisos pertinentes, viables e integrales a favor de las víctimas del conflicto, de tal manera que efectivamente se genere un territorio favorable para la paz”, concluyó Javier Velásquez.