La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reservó un espacio de la mesa técnica sobre planes de desarrollos para elementos como la Ley de Víctimas, la reconciliación y la construcción de paz en los territorios.

La Unidad para las Víctimas presentó las principales líneas de trabajo para 2016 ante los municipios que componen la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), durante la ‘Mesa Técnica Planes de desarrollo: diálogo y construcción de lineamientos’, que tuvo lugar este miércoles en Bogotá.

La Mesa tuvo como objetivo principal elaborar con las entidades del Gobierno Nacional lineamientos para el proceso de acompañamiento, construcción y formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales.

En el encuentro, en el que participaron representantes de planeación de los territorios, entidades del Gobierno Nacional y los alcaldes de Pasto, Pedro Vicente Obando, y de Montería, Marcos Daniel Pineda García, se plantearon y concertaron bases sobre aspectos de coordinación interinstitucional y las prioridades de desarrollo e inversión.

Las premisas de las propuestas fueron la paz, la salud, la equidad,  la educación, el desarrollo urbano, el medio ambiente, la cooperación y la inclusión de la Ley de Víctimas dentro de los Planes de Desarrollo, como herramientas en la construcción de la paz y la reconciliación.

Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas, explicó que la planeación de la política tiene unos puntos importantes que favorecen la implementación de la ley, entre los que se destacan: articulación de la oferta, priorización, sinergia entre la oferta nacional y las necesidades de los entes territoriales, regionalización de la oferta y focalización.

Actualmente,  aproximadamente la mitad de las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas se encuentran en las ciudades capitales. Gaviria añadió que hay nueve ciudades capitales donde la población víctima reconocida supera la población total registrada: Mocoa, Quibdó, San José del Guaviare, Arauca, Florencia, Popayán, Sincelejo y Santa Marta e Inírida. Por esta razón, instó a los participantes a que vean a las víctimas como sujetos de derechos a quienes, desde las ciudades capitales, se les debe dar una mirada integral.

Por su parte María Paula Prada, representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, señaló que hay que comprender la importancia de abordar los conflictos: cuáles son y cómo gestionarlos en el territorio. Prada destacó que en los planes de desarrollo se debe incluir de manera transversal estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la sociedad civil. Añadió que sólo con la participación, el diálogo y la concertación social habrá un verdadero cumplimiento de los acuerdos y una gestión de resultados.

Viviana Ferro, coordinadora del Grupo de Apoyo a la Coordinación de la Política Pública de Víctimas del Ministerio del Interior, apoyó la importancia de generar oferta institucional y, al igual que la directora de la Unidad, manifestó a los asistentes la importancia de incluir a las víctimas dentro de los esquemas y focalizarse en que la oferta llegue de manera integral. “Hay que conocer sus necesidades y priorizarlas dentro de los mecanismos de subsidiariedad y concurrencia”, afirmó.

“Tomamos la decisión de afrontar esto y tenemos que afrontarlo entre todos, porque la responsabilidad es de todos. Hemos dedicado cuatro años de nuestro ejercicio profesional a diseñar instrumentos y generar estrategias. Vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes para verificar carencias. Cada vez más las víctimas son autónomas”, aseguró Paula Gaviria al finalizar el módulo de Construcción de Paz, Víctimas y Reconciliación. “Nuestra labor es decirles que no están solos, que las herramientas y los recursos existen para que hagamos la tarea”, añadió.

Otros temas tratados durante el encuentro estuvieron relacionados con la salud, el desarrollo urbano integral, el cambio climático, el fortalecimiento y capacidad institucional y la cooperación, innovación y mecanismos de financiamiento.

Entre las entidades del Gobierno Nacional que participaron estuvieron el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas.