Para la directora de la Unidad, las entidades territoriales son mucho más conscientes sobre la necesidad y oportunidad de contribuir al goce efectivo de derechos de las víctimas.

Se trata de los proyectos aprobados del primer ciclo del banco de gestión de proyectos para los municipios de San Calixto y La Playa de Belén en Norte de Santander; Saravena y Fortul, en Arauca, y  Tarazá, Cáceres, Zaragoza y Nechí, en el Bajo Cauca Antioqueño.

Bajo el liderazgo de la Unidad para las Víctimas, se construyeron caminos con las administraciones locales  para que dentro de sus planes de desarrollo incluyeran la política de víctimas con reglas precisas de corresponsabilidad en la implementación, y esfuerzos por parte de los tres niveles del gobierno cuyos resultados han sido, el diseño de herramientas para planear acciones en la atención hacia las víctimas.

Según Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas “las entidades territoriales son mucho más conscientes sobre la necesidad y oportunidad de contribuir al goce efectivo de derechos de las víctimas”.

“Los resultados se han visto reflejados durante este primer semestre en el que la Unidad ha llegado a 920 entidades territoriales, que representan el 81% de todo el país”, añade. A su vez, el Banco de Gestión de Proyectos ha consolidado en estos tres años, una visión territorial que permite que se atiendan los requerimientos y diferencias en cada una de las regiones. Por eso “se ha maximizado el impacto en la implementación de proyectos asociados a  generación de ingresos, seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda, atención psicosocial, memoria histórica, participación y fortalecimiento institucional”, indica, Gaviria. Para el desarrollo de lo anterior, la Unidad ha comprometido recursos importantes para seguir fortaleciendo este mecanismo.

De esta manera y de acuerdo con las necesidades territoriales esta semana se suscribirán convenios con municipios de cuatro departamentos, así:

Mejoramiento de vivienda y generación de ingresos

El proyecto de los municipios de San Calixto y Playa de Belén beneficiará a 332 familias víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, mediante la implementación de unidades productivas (cerdos de levante y ceba, cerdos de cría y pollos de engorde); seguridad alimentaria (fríjol rosado).  Contará con el mejoramiento de vivienda en lo que tiene que ver con el arreglo de techos, paredes, pisos y baterías sanitarias. De igual manera, se realizará un plan de intervención de fortalecimiento familiar para los beneficiarios con el que se busca reforzar sus capacidades y habilidades; además, se les dará orientación acerca de cómo mantener las unidades productivas como parte de su proyecto de vida.

El valor total es de $1.418.475.000, de los cuales la Unidad para las Víctimas aporta $1.036.105.225, correspondiente al 73 por ciento; la alcaldía de San Calixto $235.000.000, un 17 por ciento y la alcaldía de La Playa de Belén contribuye con $147.369.775, lo que equivale al 10 por ciento. El proyecto tendrá un tiempo de ejecución de 8 meses.

Unidades productivas para Arauca

Otros dos municipios cuyos convenios de cofinanciación se suscribirán son Saravena y Fortul, en Arauca. En estas regiones del país 160 hogares se verán favorecidos. Entre los aportantes de este proyecto están: la Unidad para las Víctimas con $1.152.950.654, la alcaldías de Saravena y Fortul participan con $159.129.881 y $49.565.044, respectivamente, y el Servicio Nacional de aprendizaje, Sena, con $29.653.924, para un valor total de $1.391.299.503. Este proyecto creará unidades productivas para la elaboración de calzado, panadería, modistería; además se incluirán gallinas ponedoras y cerdos de engorde. Adicional a esto, se contará con capacitaciones a cargo del Sena y se hará un acompañamiento psicosocial durante el desarrollo del proyecto.

Acompañamiento psicosocial en el Bajo Cauca

De otro lado, el Bajo Cauca Antioqueño, también forma parte de este primer ciclo de convenios con el que se beneficiarán 1.520 personas. Para los municipios de Tarazá, Cáceres, Zaragoza y Nechí, el proyecto estará dirigido a fortalecer la capacidad técnica y operativa de las alcaldías de estas zonas, con el fin de dar acompañamiento psicosocial a través de la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal e individual. Así mismo identificar, remitir y seguir los casos de mayor complejidad. Dentro del mismo convenio se contempla fortalecer las secretarías técnicas de las Mesas de Participación mediante la entrega de recursos tecnológicos y la capacitación indicada para el desarrollo óptimo de las actividades de estos espacios.

El valor total de este proyecto será de $442.810.972 y su tiempo de ejecución, de siete meses. Las cuatro alcaldías aportarán el mismo valor, $16.605.411, que corresponden al 4 por ciento cada una, y el restante, $376.389.328 los aportará la Unidad para las Víctimas.

Claudia Santamaría, subdirectora de la Coordinación Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas, asegura que “la entidad continúa con su estrategia de articulación para establecer niveles máximos de avance entre las entidades nacionales y territoriales y así garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima del conflicto armado”.