Dichos planes serán construidos de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial, articulados, estructurados, integrales, viables, concertados con los grupos representativos de la ciudadanía y evaluables, para poder medir su cumplimiento.

La eventual firma de los acuerdos de paz abre el camino para que se reconstruya el tejido social e invita a las nuevas administraciones a dar cumplimiento y seguimiento a la Ley 1448, así como a generar mecanismos de articulación que funcionen a favor de las víctimas a través de la construcción de sus planes de desarrollo.

Los alcances en estos años de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 se atribuyen a la acción que se ha realizado, de manera conjunta, entre las entidades territoriales y las del Gobierno Nacional. Ésta, junto con los decretos 4633 (víctimas  a comunidades y pueblos indígenas); 4634 (víctimas pertenecientes al pueblo Rrom) y 4635  (víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras), así como las normas complementarias, determinan la apuesta del gobierno nacional.

No obstante, aún se tienen retos importantes para alcanzar el goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado, más aun cuando nuevos mandatarios comenzaron su fase de administración para el período 2016-2019. Una vez más, es importante la sensibilización y, por supuesto, seguir los lineamientos de manera organizada con las orientaciones pertinentes para que los mandatarios incluyan dentro de sus planes territoriales de desarrollo, la política pública de víctimas y restitución de tierras.

Dicha política se construyó para garantizar y abordar de manera integral y estructural el goce efectivo de derechos de la población víctima, para ello las principales acciones contempladas están enmarcadas a partir de componentes que agrupan medidas como: Prevención y Protección, Atención y Asistencia, Reparación Integral y Verdad y Justicia. Este mapa se complementa con  cuatro ejes transversales: participación de las víctimas, sistemas de información, articulación nación-territorio y enfoque diferencial.

Así mismo, y dada la transversalidad, la intervención integral a favor de las víctimas comprende competencias, que deben planearse y ejecutarse de manera articulada, como: educación, salud, agua potable, saneamiento básico, vivienda, deporte, recreación, cultura, apoyo a proyectos productivos para la generación de ingresos, entre otros. Para garantizar esta articulación de oferta, se requiere la aplicación de la Estrategia de Corresponsabilidad que contempla los principios de coordinación, subsidiaridad y concurrencia.

Igualmente, los nuevos mandatarios deberán conocer todos los instrumentos y sus características. De esta manera los planes de desarrollo serán construidos de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial, articulados, estructurados, integrales, viables, concertados con los grupos representativos de la ciudadanía y evaluables, para poder medir su cumplimiento. Su formulación garantiza la asignación de recursos futuros a los programas y proyectos.

Por último, la Unidad para las Víctimas formula una invitación para que las administraciones departamentales, distritales y municipales, de acuerdo con su realidad política, social y económica avancen en estos propósitos para lo cual  presentan las orientaciones dirigidas a la política de víctimas con el fin de que sean incluidas dentro de los planes de desarrollo territoriales.