La medida busca estimular la inversión de los nuevos mandatarios en proyectos que redunden en favor de la población afectada por el conflicto armado interno.

El pasado noviembre, la Unidad para las Víctimas suscribió un convenio con el fin de “aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos”, para desarrollar una estrategia conjunta que coadyuve al cumplimiento del artículo 142 de la ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 “Todos por un nuevo país”). Este consiste en descontar como pago proporcional de las obligaciones adquiridas por las entidades territoriales con cargo a los fondos de cofinanciación administrados por FINDETER, aquellas inversiones realizadas en la política pública de víctimas y que se encuentren debidamente certificadas por las autoridades competentes. 

“La Unidad para las Víctimas, conocedora de la situación financiera de los municipios del país, incluyendo a los del departamento del Magdalena, diseñó una estrategia especial para los nuevos mandatarios que busca incidir en la destinación de recursos propios de las entidades territoriales de acuerdo a la dinámica y los procesos propios de cada entidad”, manifestó Carlos Ortiz Ruiz, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Magdalena.

“Las entidades territoriales están recibiendo información sobre la posibilidad de invertir en las víctimas de su territorio y adicionalmente sanear sus finanzas públicas de manera paralela”, agregó Ortiz Ruíz.

Es importante tener en cuenta que para reducir está deuda, los entes territoriales deberán remitir a FINDETER un certificado en donde se relacione la inversión realizada con recursos propios, información que luego será verificada con base en la información reportada en el Formulario Único Territorial y en el Reporte Unificado para el Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial (RUSICST), con las víctimas atendidas con dichos recursos y de la cual se hace un permanente monitoreo en la Unidad para las Víctimas.

Esta alternativa, será una motivación para que los nuevos mandatarios aumenten significativamente el rubro de atención a víctimas en sus municipios y quede plasmado en el plan de desarrollo territorial y en el posterior plan de acción territorial.