A propósito de los 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas, este jueves 10 de junio, la Unidad presenta los avances de la reparación integral a personas afectadas por el conflicto en Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá.

La Unidad para las Víctimas, mediante la implementación de la política   pública de víctimas bajo el marco jurídico de la Ley 1448 de 2011, ha desarrollado una oferta de programas y acciones dirigidas a la reparación integral tanto individual como colectiva para los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá Distrito Capital, regiones donde hay registradas 781.279 víctimas del conflicto interno.

En ese sentido, la Dirección Territorial Central a cargo de María José Dangond David responsable por la ejecución del plan de acción y el plan operativo establecidos desde la dirección general, entrega el avance de esta política desde el 7 de agosto de 2018 al 30 de abril de 2021.

Dangond David, aseguró que son resultados tangibles y convenientes para una población que nunca debió haber sido agraviada: “son colombianos, en su mayoría campesinos, a quienes la violencia no solo les arrebató sus bienes, sus familiares, sus tierras sino también su identidad cultura”.

“Y es pensando en estas personas que trabajamos a diario con un equipo comprometido que nos permite mostrar cifras y actividades en todos los campos de nuestra misionalidad”, dijo la directora al dar a conocer los siguientes logros:  

Reparación individual y colectiva 

En el mencionado periodo, la Unidad ha indemnizado 27.379 personas con una inversión de $ 215.208 millones, recursos entregados en la ruta de reparación individual. 

Para la reparación colectiva de las 18 comunidades y organizaciones que están incluidas en el Registro Único de Víctimas como Sujetos de Reparación Colectiva, se han reparado administrativamente a dos sujetos colectivos. Además, se implementaron 46 acciones reparadoras con una inversión de $162 millones en ocho sujetos y se desarrolló la medida de rehabilitación comunitaria con seis colectivos.

Retornos y reubicaciones

Son procesos para comunidades desplazadas o retornadas que se han asentado en el territorio pretendiendo el resarcimiento de sus daños. Con esta población se trabaja en iniciativas dirigidas al arraigo, la integración local y la generación de ingresos con 63 comunidades y 530 hogares, con una inversión de $ 5.309 millones; 1.754 hogares apoyados en el transporte de enseres por $ 2.224 millones; 2.172 hogares con apoyo para la sostenibilidad de su proceso por $ 938 millones, además del desarrollo de la estrategia psicosocial tejiéndonos con cinco comunidades, para el fortalecimiento del tejido social.

Medidas de rehabilitación y satisfacción

En materia de reparación integral, es importante tener en cuenta que la reparación no es únicamente la indemnización. Por eso, se ha garantizado el acceso de 6.283 víctimas a la medida de rehabilitación y 10.066 a medidas de satisfacción.

Otras acciones 

Desde esta territorial igualmente se trabaja para la prevención mediante proyectos de infraestructura. A la fecha se ha apoyado 16 proyectos de infraestructura social y comunitaria con una inversión de $2.862 millones en 16 municipios. En estas acciones se construyen placa huellas, se realizan dotaciones de centros escolares y de salud, se fortalecen las juntas de acción comunal y se entregan parques biosaludables. 

Así mismo, se ha apoyado cuatro proyectos agropecuarios con el suministro de insumos y herramientas agropecuarias con una inversión de $268 millones.

Además la Unidad para las Víctimas, en cumplimiento de los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad, ha entregado ayuda humanitaria en dinero y en especie por $ 955 millones de pesos a más de 773 hogares de esta región. Y en el caso de la atención humanitaria a personas víctimas del desplazamiento forzado se han realizado 183.767 giros para las etapas de emergencia o transición por $ 115.000 millones.

Finalmente hay que resaltar que la Unidad cuenta en esta zona de país con 19 puntos de atención y tres Centros Regionales para atender de manera presencial a las víctimas. 

FIN/ WPG/COG