Es el departamento con más población afectada por el conflicto armado y, en consecuencia, el de mayor inversión para la reparación integral por parte de la Unidad para las Víctimas.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumple hoy 10 años de implementación. Una década en la que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas invirtió 14.3 billones de pesos para resarcir los daños causados por el conflicto armado y apoyar a los sobrevivientes de la violencia en la transformación de sus vidas.

Antioquia es la región con la mayor cantidad de población afectada por el conflicto armado con 1´279.043 incluidas en el Registro Único de Víctimas. Pero, al mismo tiempo, "la más beneficiada con más de 3.2 billones de pesos invertidos, con logros como la entrega de 280.250 indemnizaciones económicas individuales, ayuda humanitaria y de emergencias, proyectos de infraestructura social y comunitaria y progresos en planes de reparación colectiva y retornos y reubicación de desplazados”, informó el director territorial, Wilson Córdoba Mena.

Agregó que “otro gran logro es reconocer y empoderar a la población afectada por el conflicto sobre sus derechos y sus capacidades para superarse e incidir en las decisiones y políticas de su interés con mecanismos de participación”.

Estos son algunos de los logros más importantes de la implementación de la Ley de Víctimas en Antioquia en 10 años:

Reparación individual

Durante la implementación de la Ley de Víctimas, de las 1.163.650 personas indemnizadas en Colombia con más de 8 billones de pesos, más de 280.000 corresponden a Antioquia, con orientación para la inversión adecuada mediante la oferta interinstitucional en temas como vivienda, proyectos productivos, educación y ahorro.

Planes integrales de reparación colectiva

En Antioquia, la Unidad para las Victimas implementa 21 planes integrales de reparación colectiva que han beneficiado a comunidades, entre ellas, campesinos, afrocolombianos, indígenas, población LGBTI, con logros como cierre del plan del corregimiento La Encarnación (Urrao) y avance de más del 70 por ciento en los planes integrales de San Carlos, Argelia, Cocorná, Granada, Dabeiba y el corregimiento Puerto Venus (Nariño) y en El Bagre. 

En estos se implementaron acciones como atención sicosocial, proyectos productivos, rehabilitación o construcción de infraestructura comunitaria (casetas comunales, parques, puentes, vías veredales, canchas deportivas), dotaciones a instituciones educativas, puestos de salud, grupos artísticos, casas de la cultura. También obras de memoria histórica y la recuperación de tradiciones. 

Atención y retorno de desplazados

De las más de 280.000 familias que han decidido retornar o reubicarse de zonas donde fueron desplazadas por el conflicto armado con acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, aproximadamente 60.000 mil lo hicieron en Antioquia. En este departamento se implementan, en 31 municipios priorizados, planes de retornos y reubicaciones de población desplazada beneficiada con la entrega de cerca de 2.000 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar y Comunitarios. Estos consisten en dotaciones y materiales para proyectos agropecuarios, escuelas urbanas y rurales, casetas comunales, centros de salud, placa huellas, además de unidades productivas (negocios familiares) para mejorar sus condiciones de vida.

Atención sicosocial

La medida reparadora de rehabilitación sicosocial ha beneficiado a más de 39.000 víctimas que accedieron a estrategias individuales y grupales para su recuperación emocional, varias de estas con enfoque diferencial de mujeres, niños y adolescentes, personas mayores e indígenas.

Más oportunidades e inclusión social 

Con las más de 50 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se gestionó la oferta interinstitucional en temas de interés para esta población como ahorro, educación superior, pensiones y vivienda, salud, emprendimientos, formación y empleabilidad. 

En Antioquia se han gestionado alianzas con cerca de 20 instituciones educativas para garantizar acceso a la educación superior, además de la articulación con el SENA para la vinculación en empleos formales, orientación en oferta laboral. También alianzas público-privadas para apoyar proyectos productivos de microempresarios y formación para el trabajo de más de 100.00 víctimas de desplazamiento forzado. 

Así mismo, más de 7.000 jóvenes obtuvieron libreta militar gratuita como medida de reparación y exención del servicio militar gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y el Ejército Nacional.

Fin/JCM/COG