La Unidad pidió a los mayores de 74 años que no han cobrado su indemnización y a las víctimas que ya cumplieron su mayoría de edad y tienen encargos fiduciarios tramitar los cobros pendientes ante la entidad.

Como una oportunidad para contarle al país los progresos y desafíos de la Ley de Víctimas calificó el director de la Unidad, Ramón Rodríguez,  la sesión mixta (presencial y virtual) de control político realizada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Tras presentar un balance de la política pública en favor de las víctimas, Rodríguez dijo que “tuvimos la oportunidad de contarle al país cuáles han sido esos avances frente a la implementación de la política pública de atención a víctimas, de los procesos de atención, asistencia y reparación, pero también los grandes retos frente al pago de las indemnizaciones, a los procesos de reparación colectiva y de cómo podemos avanzar en los retornos y reubicaciones”, explicó. 

Durante la sesión, el director explicó que la Unidad, desde el inicio de la Ley 1448 de 2011 hasta marzo pasado, ha entregado 1´107.625 indemnizaciones administrativas por un valor de $ 7.459.130.623.357 y 20.335 medidas de indemnización judicial a 13.551 víctimas por un valor de $ 408.313.274.125. También recordó que se redujo la edad para indemnizar a las víctimas de 74 a 68 años y favorecer así a por lo menos 120.000 personas más.

Destacó también que de los 957 Sujetos de Reparación Colectiva reconocidos, 210 se encuentran en fase de identificación, 208 están en fase de alistamiento, otros 94 están en fase de diagnóstico o caracterización del daño; 75 sujetos más se incluyen en fase de diseño, formulación y aprobación del Plan Integral de Reparación Colectiva y 178 sujetos adicionales en fase de implementación.

En materia de Retornos y Reubicaciones que contempla rutas de acompañamiento individual a comunidades y retornos de emergencia, el funcionario explicó que hasta enero pasado, los hogares asistidos son 277.328, los grupos étnicos acompañados 216 y los no étnicos 594. 

Entidades territoriales y JEP

En cuanto a acciones conjuntas con los municipios, Rodríguez resaltó la construcción de la política pública en 2019 y 2020 de manera articulada y con acompañamiento permanente. “Observamos que desde el año 2019, se implementó la Estrategia de Cierre de Gobiernos Locales y de Nuevos Mandatarios y durante el año 2020, se ejecutó la fase IV Planes de Desarrollo de la Estrategia Nuevos Mandatarios”, recalcó. 

También dijo que gracias al trabajo con los municipios, actualmente existe información de 12.576 programas para la atención a las víctimas que reflejan su compromiso en la contribución del goce efectivo de Derechos.

Rodríguez mencionó, además, el trabajo conjunto que articula con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Respecto a la prevención del fraude en el Registro Único de Víctimas, recordó que la Unidad excluyó 34.000 personas con información falsa y que se dispone de un programa de formación anual, dirigido a los funcionarios de las Personerías, Defensorías y Procuradurías regionales y provinciales, el cual, incluye protocolos para analizar presunción de irregularidades, minimizar riesgos y revocar el registro de personas que lo hagan irregularmente o que no ostenten la calidad de víctima.  

En materia de indemnizaciones administrativas a las víctimas en Arauca, el director de la Unidad informó que con corte a octubre del 2020, en ese departamento se han hecho 10.462 giros para 9.665 personas por un valor total de $ 71.314.358.970. 

Sobre la reparación integral a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, Ramón Rodríguez relacionó las medidas de Satisfacción y Garantías de No Repetición, las cuales incluyeron en el 2020, un curso de enfoque psicosocial que certificó a 942 policías y en el Ejército formó 1.225 uniformados más. En ese contexto entre 2018 y 2019, se formaron y certificaron en todo el país 2.311 uniformados en Enfoque Psicosocial y Acción sin daño

(FIN/AMA/COG)