En medio de un foro liderado por la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Justicia se realizó un amplio balance sobre los rezagos que tiene la Ley 1448 o de Víctimas, emitida en 2011, que hacen necesario un ajuste que garantice el goce efectivo de derechos de quienes han sufrido el conflicto armado.

La ruta para buscar consensos en la construcción de una reforma a la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ha sido extensa y profunda. Como una estación más de ese camino, se realizó el foro “Ley de Víctimas: un diálogo en clave de soluciones duraderas”, un espacio de muchas reflexiones entre víctimas del conflicto, instituciones y académicos, que abordó tanto las falencias como los principales ajustes que requiere la iniciativa legislativa  ante el Congreso.

El encuentro fue liderado por la Unidad para las Víctimas, en cabeza de la directora Patricia Tobón Yagarí, y el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, quienes enfatizaron en la necesidad de reconocer las voces y propuestas de las víctimas del conflicto y de los expertos que han sugerido actualizar la política pública de víctimas que, a pesar de que en 2011 cuando se decretó marcó un hito, según reconoció Tobón Yagarí.

A pesar de eso, como señaló la directora de la Unidad para las Víctimas, se han identificado rezagos históricos que exigen “pasar de la revisión a las reformas legislativas”. La urgencia de articular la política de víctimas con la política de paz; la contribución a superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Corte Constitucional frente a las víctimas de desplazamiento forzado; la mejora en la atención, acceso y tránsito hacia políticas que busquen soluciones efectivas y duraderas para “avanzar significativamente en la reparación de las víctimas del conflicto armado”, fueron algunas de las razones que mencionó Tobón Yagarí durante el foro.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó por su parte que los ajustes se plantearán en clave del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 y el acogimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de 2022. Asimismo, el ministro resaltó los espacios de escucha y recepción de propuestas de las víctimas, y que el objetivo de la reforma es “hacer realidad esos anhelos, superar esas frustraciones y construir un nuevo panorama para las víctimas”.

Los rezagos históricos de la Ley 1448

En búsqueda de ese diseño de soluciones duraderas para la atención de las víctimas del conflicto armado, desde las instituciones se indicaron temas como la caracterización y registro, el presupuesto y la articulación interinstitucional, como las principales deudas de la Ley de Víctimas. 

En representación de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas (CSMLV), Claudia Goyeneche, coordinadora de víctimas de la Contraloría, destacó que la atención a las víctimas se viene planteando con recursos insuficientes. De nueve informes que la CSMLV presentó al Congreso con recomendaciones, Goyeneche subrayó la insistencia en los temas presupuestales.

“Es un tema que ha venido paulatinamente mejorando, se han venido asignando mayores recursos. Pero, desafortunadamente, desde que nació esta Ley fue pensada para un universo muy pequeño de víctimas. Alrededor de tres millones. Hoy hay nueve millones, es casi un 300 % de crecimiento en la población que requerimos atender con los mismos recursos que estaban previstos inicialmente”, dijo Goyeneche, quien reconoció admitió que, si bien los CONPES no han estado desfinanciados, sí han sido planeados sobre un número o un crecimiento que no ha sido real.

A su turno, Iris Marín, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, comentó que la Ley e incluso la creación de respuesta institucional no ha permitido dar garantía efectiva a los derechos de las personas desplazadas. Bajo su óptica, el problema real de respuesta a la población desplazada “no ha estado en las normas sino en su implementación práctica, en el presupuesto, la coordinación institucional, la coordinación de la Nación-territorio y otros mecanismos que habilitan la respuesta a las víctimas.

Otros rezagos, como la protección y atención de comunidades tanto desplazadas como confinadas, fueron advertidos por Mireille Girard, representante del ACNUR en Colombia. En ese sentido, su propuesta fue avanzar en la medición del progreso en la superación de la condición de vulnerabilidad y el goce efectivo de los derechos y políticas que, “si no se desarrollan, quedará ostensiblemente la capacidad para que las víctimas de desplazamiento a alcanzar soluciones duraderas a su situación, como política de tierras, vivienda y generación de ingreso”.

En medio de los retos, en los que reiteró el compromiso de Naciones Unidas con las comunidades y el Estado colombiano, Girard advirtió que todas las soluciones se deben examinar en el marco de la violencia actual. “Avanzar en una reforma de la Ley es importante, pero lo que prima es la necesidad de paz, si no vamos a continuar en un círculo vicioso de desplazamientos, soluciones y desplazamiento de nuevo”, añadió.

Por último, Clara Ramírez, de la Comisión de Seguimiento a la política pública de desplazamiento, sugirió que algunos elementos de contexto como el Acuerdo de Paz, la crisis social y humanitaria causada por la pandemia y el nuevo entorno social, económico y político del mundo redundan “en modificaciones importantes en la forma de hacer política y de implementar las políticas públicas”.

También se refirió a los asuntos relacionados con el registro, aseverando que hoy en día no se cuenta con instrumentos sistemáticos de caracterización de la población que llega casi al 20 % del país. “La creación de un sistema estadístico nacional de víctimas es una apuesta que se tiene para poder avanzar en forma clara y sistemática en la valoración de las condiciones de vida de la población”, planteó.

¿Qué se debería ajustar en la propuesta de reforma?

Las intervenciones del segundo panel del foro estuvieron encaminadas a las principales reformas que debería tener la propuesta que se pondrá a consideración del Congreso. Actualizar asuntos como las indemnizaciones, la reparación integral, el registro y las víctimas en el exterior, fueron las conclusiones del espacio.

Marco Romero, director de la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), insinuó que buena parte de las falencias en la implementación de la Ley 1448 fue la falta de voluntad política para su ejecución. Así las cosas, concluyó que en este momento existe una mayor voluntad política e institucional que puede derivar en una mejora de los procesos de atención y reparación. “Hay que cambiar algunos enfoques, pero asegurando la no regresividad. La Ley de Víctimas debe hacerse con el enfoque de soluciones duraderas, adaptándolo a los desafíos urbanos y rurales”, aseguró

En eso coincidió Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien resaltó que la jurisdicción especial tiene líneas que buscan “la articulación de varias instituciones mediante la colaboración armónica, a partir de las competencias concurrentes” y puede tener un rol en la activación de esos diálogos interinstitucionales para fortalecer los escenarios de reparación.

Como conclusión, María Camila Moreno, directora del International Center for Transitional Justice (ICTJ), propuso priorizar un enfoque en los territorios. “No solamente de las víctimas individualmente consideradas, sino un enfoque de intervención integral del Estado en los territorios donde están las víctimas, la población más vulnerable, con una acción efectiva realmente transformadora”.

Esto, dijo, a pesar de los esfuerzos y avances del Estado por poder cumplir con la obligación de atender y reparar a las víctimas, teniendo en cuenta que el universo de víctimas en el que se pensó inicialmente era mucho menor y hoy “estamos en el 20 % de la población”, lo que a su modo de ver desbordó la capacidad del Estado para poder atender esta situación.

En la Unidad para las Víctimas "Cambiamos para servir", con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.