La Unidad para las Víctimas ganó este año el 80 % de las tutelas que se presentaron en su contra. Así mismo, avanza en la investigación y judicialización de 2.500 denuncias penales sobre presuntas conductas fraudulentas en todo el país en los procesos relacionados con la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado.

La Unidad para las Víctimas logró, en 2019, reducir la radicación de tutelas en contra de la entidad en cerca del 11 % de tutelas menos respecto del año anterior. La Oficina Asesora Jurídica lideró la estrategia institucional de respuesta judicial mediante la cual, también ganó el 80 % de las tutelas que se presentaron en su contra.

“Esto demuestra que las pretensiones de las víctimas, en materia de atención, asistencia y reparación integral son atendidas oportunamente, y eso sumado a las respuestas de fondo que se están dando a sus peticiones, ha hecho que acudan menos a las tutelas. El éxito de la estrategia fue reconocido por la Defensoría del Pueblo en el informe anual sobre tutelas, el cual resalta la labor de la entidad en la respuesta institucional, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial”, explicó Vladimir Martin, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad.

En desarrollo de procesos de restitución de tierras y procesos de justicia y paz, en lo que respecta a la Unidad para las Víctimas, fue posible la materialización de medidas que benefician a las víctimas, tras la intervención ante los despachos judiciales. Ello significó avanzar en el cumplimiento de cerca de 4.800 sentencias de restitución de tierras y 53 sentencias de justicia y paz.

Por otra parte, este año que termina, la entidad avanzó en la investigación y judicialización de aproximadamente 2.500 denuncias penales sobre diferentes conductas fraudulentas en los procesos de atención, asistencia y reparación a las víctimas denunciadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad.

Lo anterior fue posible por la consolidación de la estrategia de indagación y prevención contra el fraude, que resultó de los mayores esfuerzos de articulación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y los órganos de control. 

En complemento de dicha estrategia, la Unidad desarrolló la campaña antifraude “Que No le Echen Cuentos”, que incluye talleres permanentes en todo el país para explicar a las víctimas los riesgos de irregularidades a los que pueden enfrentarse durante los procesos que tramitan ante la entidad, debido a las conductas de personas inescrupulosas. Así mismo, se les invita a que denuncien cualquier situación irregular y se les insiste en que todos los trámites y gestiones ante la Unidad son gratuitos y no requieren intermediario alguno.

En ese mismo sentido, la entidad presentó la Guía Interinstitucional frente a Presuntas Irregularidades Asociadas a Procesos de Víctimas del Conflicto, elaborada de manera conjunta por la Unidad para las Víctimas, con la Personería de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Alta Consejería de Bogotá para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Pretende ser una guía para los servidores públicos, con la cual puedan identificar presuntas conductas fraudulentas en los diversos procesos que tengan que ver con las víctimas.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado reconoció los esfuerzos de la Oficina Asesora Jurídica de formular una política de prevención de acciones litigiosas por parte de la Unidad para las Víctimas. Eso le ha permitido a la Unidad concentrarse aún más en los procesos misionales en beneficio de las víctimas.

La Unidad para las Víctimas ha sido líder en la implementación de una estrategia de Gobierno que permita fortalecer los esfuerzos hacia la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, en lo que se relaciona con las víctimas del conflicto armado colombiano.

(Fin/DRR/LMY)