En la entidad existe el Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes, que analiza las denuncias o quejas, de usuarios, funcionaros, víctimas, colaboradores y otras entidades sobre el tema. El 65% de las quejas recibidas corresponden a falsas víctimas.

En la lucha contra la corrupción, la Unidad ha detectado actividades delictivas en torno a las víctimas, perpetradas por grupos criminales en los que participan tramitadores, abogados, víctimas y funcionarios del Estado y de las entidades financieras donde las personas reclaman las indemnizaciones económicas.

Por tal razón la Unidad para las Víctimas cuenta con un grupo de profesionales encargado de atender todas las denuncias y reclamos por temas que tienen que ver con Fraude.   Ese grupo se llama Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes (GIPF), el cual analiza las denuncias o quejas de usuarios, funcionaros, víctimas, colaboradores y otras entidades sobre el tema.

El total de quejas recibidas por el grupo de Indagación y Protección contra Fraudes de 2012 a 2017 (junio) es de 5.084, de los cuales el 65% corresponde a falsas víctimas.  El restante 35% a los delitos de estafa, falsedad en documentos, fraude de subvenciones, suplantación entre otros. 

De las quejas recibidas se han denunciado 1.935 hechos presuntamente fraudulentos ante la Fiscalía General de la Nación, lo que ha traído como resultado 21 capturados, entre los que hay tramitadores, falsas víctimas e incluso algunos ex servidores públicos que hicieron parte del sistema nacional de atención a víctimas.

Los delitos por lo que se presentan las denuncias ante la entidad corresponden en su mayoría a aquellos que atentan contra bienes protegidos por la ley penal como el patrimonio económico (estafa agravada y hurto agravado), la administración pública (peculado, cohecho propio e impropio, concusión, fraude de subvención).

Además, los ejercidos contra la fe pública (falsedad en documento público y falsedad personal), contra la eficaz y recta impartición de justicia (falsa denuncia, falso testimonio y fraude procesal) y contra la protección de la información y de los datos (acceso abusivo a sistemas informáticos, daño informático y violación de datos personales).

Para la Unidad es muy importante la socialización de la estrategia antifraude llamada “Ojo con el fraude”, mediante la cual se alerta a las víctimas para que conozcan dichas acciones delictivas y no se dejen engañar.

Las víctimas deben tener en cuenta que todos los trámites ante la Unidad son gratuitos y sin intermediarios, que tienen unos derechos y no deben pagar por acceder a ellos.

Pero si ellas desean contratar los servicios de un abogado para representarlas en su trámite ante la unidad, es necesario que tengan en cuenta lo preceptuado en el Parágrafo 1 del Artículo 44  de la Ley 1448 de 2011, que es lo siguiente:

“Cuando las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela para obtener una reparación o indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las representen no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”.

De igual forma deben saber que hacerse pasar por víctima no paga, al contrario, puede generarle sanciones, como lo establece el artículo 199 de la misma ley, según el cual el que obtenga el registro como víctima, alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión.

Y que de haberse descubierto su calidad de falsa víctima luego de la indemnización administrativa, se revocarán las medidas de indemnización otorgadas, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y se compulsarán copias a la autoridad competente para la investigación a que haya lugar, tal como lo reglado en el artículo 198 de la Ley para las Víctimas.

La protección de la información personal entregada por las víctimas es confidencial y solo la debe conocer la Unidad por tanto no debe estar en manos de tramitadores o abogados. Si alguno de ellos ofrece sus servicios haciendo uso de datos personales e información de uso exclusivo de la Unidad, debe ser denunciado por acceso abusivo a sistema informático y por la violación de datos personales.

De igual forma, las víctimas debe hacer buen uso de su atención humanitaria, ya que el dinero que el Estado le entrega es para cubrir sus necesidades básicas, solo puede gastarlo para lo que fue entregado, no hacerlo le puede causar sanciones, ya que este dinero sigue siendo del Estado y su indebida utilización constituye un fraude de subvención tal como lo tipifica la ley penal.

Cualquier ciudadano puede reportar irregularidades o fraudes cometidos por funcionarios, victimas o personal ajeno a la unidad, para lo cual la Unidad dispone de los siguientes canales:

Línea Nacional: 01 8000 911 119 o en Bogotá al 426 11 11 y 796 51 50 Ext: 4192 o 4198
En el correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co
En la pagina web www.unidadvictimas.gov.co
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