La decisión la tomó la Unidad para las Víctimas luego de realizada la mesa técnica que se reunió en la Defensoría del Pueblo con presencia de la Procuraduría General de la Nación y ACNUR.

La articulación  entre la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas facilitó el reconocimiento del desplazamiento masivo de alrededor de 1.500 integrantes de las comunidades indígenas Embera Katío y campesinas del Alto Sinú, quienes se encuentran en los parques Laureano Gómez y Simón Bolívar de la ciudad de Montería, así como su inclusión en el Registro Único de Víctimas.

“Desde la Defensoría hemos hecho todas las gestiones para avanzar en el reconocimiento de estas comunidades que enfrentan una difícil situación, pues se han visto obligadas a salir de sus territorios por el accionar de grupos armados. Hemos liderado la elaboración de la propuesta de Matriz del Plan de Retorno para avanzar en el regreso de estas comunidades a sus territorios, en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La inclusión de las víctimas en el Registro Único se logró luego de la mesa técnica que se realizó el 27 de julio en la que participó la Unidad para las Víctimas (UARIV), la Procuraduría General de la Nación y ACNUR.

Allí se logró el acuerdo para que se revisaran los recursos de reposición presentados por las comunidades indígenas y campesinas de Tierralta.

A partir de estos avances, el Defensor del Pueblo, ofició al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, para que convoque, de manera urgente, el Comité Departamental Extraordinario de Justicia Transicional Ampliado, el cual se realizará antes de finalizar esta semana para abordar y aprobar la Matriz del Plan de Acción de Retorno y establecer los compromisos institucionales en los componentes de: salud, educación, alimentación, hábitat, alojamiento, proyectos productivos, conectividad, tierras, traslado, entre otros.

Por último, “hago un especial reconocimiento al Ramón Alberto Rodríguez, Director Nacional de la UARIV, por la diligencia para resolver los recursos de reposición y por haber tenido en cuenta los argumentos técnicos, jurídicos y de contexto expuestos por la Defensoría en la  Mesa Técnica y que permitirán el restablecimiento de los derechos de las comunidades indígenas

(FIN/DP/COG)