Por Willyam Peña Gutiérrez

En 1991 en Colombia se estrenaba la Constitución que consagró un amplio capítulo de Derechos Humanos. Paradójicamente, el 26 de agosto de ese mismo año, tan solo 52 días después de haberse promulgado la Carta Magna, Emilia Velásquez Pérez y su familia enfrentaban el peor caso de violación de sus derechos como ciudadanos y seres humanos.

Las noticias eran confusas. En los medios locales se anunciaba una masacre de campesinos en San José de las Hermosas, uno de los cinco corregimientos de Chaparral, en el sur del Tolima, enclavado entre dos espesas y extensas montañas que se rinden ante la fuerza del caudal de los ríos Amoyá y Davis. Un paraíso natural, pero también por muchos años el centro de operaciones del Frente 21 de la extinta guerrilla de las FARC.

La noche del domingo de ese 26 de agosto, Éver Devia Osorio, esposo de Emilia, compartió unos tragos con su hermano Ovidio y Lucas Velásquez Pérez, su cuñado, hermano de Emilia. En la madrugada llegaron a dormir a la finca La Linda, su lugar de trabajo desde hacía cinco meses. Tal vez no habían conciliado el sueño cuando las ráfagas de fusil de un grupo de guerrilleros impactaron la casa y a todo aquel se moviera.

“Mi cuñado Ovidio fue el primero en caer y su esposa Marleny Echeverry recibió dos tiros cuando intentó auxiliarlo. Ella murió desangrada. A mi esposo y a mi hermano los asesinaron cuando intentaron correr”, relata Emilia.

Solo se salvaron cuatro niños y una mujer. Nadie supo con precisión cuántas fueron las víctimas. El silencio, como era costumbre en estas zonas, también se convertía en cómplice.

“A mi suegro, la Policía y el Ejército lo único que le dijeron era que los habían matado a todos”, recuerda.

Por versiones ambiguas, Emilia, que para esta fecha se encontraba en un hospital de Armenia tras dar a luz a Luis Felipe, su segundo hijo con Éver, se enteró que a sus familiares los habían enterrado en un fosa común tres días después de la masacre.

“Dicen que era un lago seco, una piscina al lado de la Estación de Policía y que la misma gente del pueblo los ayudó a tapar”, señala.

La búsqueda 

Hasta solo dos años después de lo sucedido, la mamá de Emilia y de Lucas, pudo ingresar al caserío. Encontrar los cuerpos se convirtió desde entonces en un angustioso y eterno duelo.  

La zona estaba dominada por la guerrilla y para las autoridades era un caso más,  que en poco tiempo terminaría archivado “los relacionaron hasta  con un grupo armado ilegal, llamado Atá Rojo”, señala. 

Revictimizados, así se sentían. El dolor era mayor y la búsqueda también se convirtió una lucha por recobrar la honorabilidad de sus familiares “quien más que nosotros mismo sabíamos quién eran ellos, si fueran delincuentes no estarían allí con niños”, afirma. 

Pasó el tiempo y en medio de la estigmatización, la falta de apoyo de las entidades y el miedo, solo hasta  en el año 2008, se entabló una primera denuncia y partir de entonces, el caso fue cerrado en cuatro oportunidades “nos decían que por inhibitorio ya que nadie se había atribuido los hechos”, recuerda.   

A punto desistir y agotados, en el 2011 acudieron a la recién creada Unidad para las Víctimas y fue en esta entidad en la que asegura Emilia, la mano del Estado empezó a estar de su lado “a mí me atendieron muy rápido fui muy afortunada, en menos de seis meses me indemnizaron, pero además siempre nos han brindado acompañamiento psicosocial y el apoyo en el procesos de búsqueda”, reconoce. 

Entre los años 2019 y  2020, y luego de que se reactivara el proceso, llegaron nuevamente las esperanzas de poder cerrar el duelo. En estos dos años un fiscal ordenó la búsqueda primero en  bajo el cimiento de los baños de la escuela de San José de las Hermosas y en el segundo intento en un patio aledaño. Diligencias que no arrojaron resultados. 

En el  2021, el equipo forense regresó. La prospección esta vez contó con el “georadar” para la toma de imágenes gráficas del subsuelo, una ayuda tecnológica en la que estaban puestas todas las la esperanzas de la familia. Sin embargo y aunque  se realizó una excavación de tres metros en el punto del comedor de la institución educativa tampoco se halló evidencia de los restos “la versión del fiscal y del antropólogo es que pudo ser que a los cuerpos los deterioró la tierra y nos dijeron que por parte de la Fiscalía ya no habrá más búsqueda, que nos van entregar un acta defunción con la que se certifica que ellos están muertos”, afirma

Dice que junto a su familia comprenden y agradecen  la labor de la Fiscalía, y aunque han pensado desistir de la búsqueda, para ella hay un duelo imprescriptible como el mismo delito: “Para mí, ellos siguen desparecidos”.  

La resiliencia

Sometida por un delito continuo y permanente, la desaparición forzada deja en Emilia una huella imborrable de sufrimiento. Una amargura que solo ha encontrado regocijo en el amor de sus cuatros hijos: Walter Steven, Luis Felipe, Jennifer y Luisa Fernanda. Con ellos y con la reparación económica entregada por la Unidad para las Víctimas compró una casa y fundó hace 10 años la empresa de confecciones “Subl&confe”.

“Y nos ha ido muy bien porque trabajo con mis dos hijas y generamos empleo para otras personas. Hacemos sublimación personalizada en vasos, camisetas y gorras. Además, confeccionamos uniformes y en esta época de pandemia tuvimos que reactivarnos haciendo tapabocas”, asegura.

Pero no sólo es empresaria. Emilia también lucha por los derechos de las demás víctimas del conflicto a través de su corporación Famdesvul. “Tenemos más de 60 familias vulnerables, y para ellas trabajamos en la consecución de empleos, programas de vivienda, acceso a la educación y en todo lo que se pueda para mejor la vida de estas personas”, afirma.

Esa capacidad de trabajo y de resiliencia, llevó a Emilia entender que su vida es un patrón a seguir. Por eso en medio de su dolor, pero también de esa tenacidad, decidió por primera vez contar su historia y rendir un homenaje a las 185.843 víctimas de desaparición forzada que como ella batallan en Colombia por encontrar a sus seres queridos y consumar un duelo.

“A todos ellos le digo que nos desfallezcan, que insistan, que continúen buscando a sus familiares. Y a los victimarios, que piensen en las personas, que piensen en ellos y sus familias”, concluyó.

Para tener en cuenta

La desaparición forzada es un delito penal prohibido por la Ley 589 de 2000, recogido en el artículo 165 del Código Penal colombiano. Es un delito imprescriptible, lo que supone que el delito y la acción penal derivada del mismo no desaparecen por el paso del tiempo.

(FIN/WPP/COG)