Un total de 190 familias de cuatro municipios de Nariño se benefician del proyecto de implementación de unidades productivas para generación de ingresos y atención psicosocial.

Por: Nataly Bastidas y César A. Marín.

Son 51 familias de Tangua, 20 de Yacuanquer, 51 de La Florida y 68 de Funes con las que se implementan unidades productivas de arveja, a las cuales se les brinda asistencia técnica y capacitación bajo sistemas y prácticas del concepto de producción de agricultura limpia, que se basa en hábitos y costumbres que cuidan el medio ambiente.

El proyecto, que tiene una inversión cercana a los $1.285 millones, de los cuales la Unidad para las Víctimas invirtió alrededor de $1.067 millones y el resto son recursos de las cuatro alcaldías municipales, surgió de la necesidad de asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en el departamento de Nariño.

Para William Pinzón Fernández, director territorial Nariño de la Unidad para las Víctimas, este proyecto tiene dos aspectos importantes para las víctimas: “el técnico, que les permitió a las familias implementar las unidades productivas de arveja en un área de media hectárea, recibir una capacitación en diferentes prácticas, mucho más técnicas, que se hacen con los profesionales que apoyaron este convenio".

El segundo componente es la atención psicosocial con la que se acompañó la reparación integral, situación que les ayudó a superar su dolor y crear, junto con el proyecto productivo, lazos familiares en sus diferentes fases. 

Una de las beneficiarias es Olivia Gordillo Ledezma, víctima por desplazamiento forzado que debió abandonar la ciudad de Cali y trasladarse a esta región nariñense. Ella, que tiene en alquiler una parcelita para la siembra de la arveja en la vereda La Guaca del municipio de Yacuanquer, asegura que “somos un grupo de víctimas que en el momento de arrancar la iniciativa teníamos la necesidad de un proyecto productivo, y gracias a Dios este nos ha dado beneficio a casi todas las familias".

Para estos casos se seleccionaron a las víctimas más desprotegidas del municipio con el fin de llenar sus bolsillos, pero quizá lo más destacado fue la abundancia de solidaridad en la comunidad. “El momento de la siembra de arveja fue muy chévere porque compartimos y se generó empleo a otras víctimas y a otras personas para que nos ayudaran a cosechar. En la primera cosecha que hicimos nos fue bien porque se logró vender y gustó mucho, porque la San Isidro es un tipo de arveja grande que llama la atención de la gente”, cuenta Olivia.

Esa preferencia había que aprovecharla, por lo que la primera cosecha la comercializaron en Potrerillo, la plaza de mercado más grande de Pasto. “Inicialmente llevamos el mostrario y a la gente le gustó mucho, lo único malo es que en ese momento estaba a bajo costo, pero esperamos que para la segunda cosecha suba un poco”, dice.

Y aunque el haber comenzó a crecer, poder redimir el pasado conlleva un agradecimiento con un tinte diferente, especial: “Logré sacar de mi interior todo ese sentimiento de impotencia y de odio, y llegar al punto de sentir una paz y tranquilidad muy chévere, que me permitió salir adelante porque la vida continúa”, afirma Olivia.

Para todo ello, el proyecto buscó fortalecer el sistema productivo agropecuario de la población beneficiaria de los cuatro municipios priorizados, teniendo en cuenta su cultura, tradición y experiencia productiva.

“Gracias a la Unidad para las Víctimas y a la Alcaldía de Tangua por tenernos en cuenta para el proyecto de arvejas. Nosotros ya no somos víctimas sino sobrevivientes, eso nos quedó claro luego de la estrategia psicosocial”, señala José María Ricaurte, víctima de desplazamiento forzado por combates que se presentaron, en abril del 2002, en la vereda La Cocha, del municipio de Tangua, lugar al que regresó y en el que actualmente habita.

Por los mismos hechos de violencia de ese año, Ólber Fernando Rivera es víctima de desplazamiento forzado, y por el mismo proyecto dice estar “muy agradecido por tener la oportunidad del cultivo de arveja y por el apoyo técnico y la asesoría para sacar adelante el cultivo que redundará en el bienestar mío y de mi familia”.

El impacto del proyecto no ha pasado desapercibido por las autoridades de la región. Libia Yaqueline Castillo, alcaldesa de Yacuanquer, señala que “ha permitido que los beneficiarios puedan trabajar con su grupo familiar, teniendo ingresos económicos y así mejorar su calidad de vida. También les ha permitido demostrar que pueden ser familias productivas y que con esta oportunidad pueden adquirir experiencia para continuar con su proyecto productivo”.

Pero el provecho de la implementación de las unidades productivas ha sobrepasado las expectativas y los terrenos de la economía. “Para mi municipio la contribución es a nivel social, porque les ha ayudado a relacionarse más con la comunidad, ya que están generando empleo con sus conocidos y a la vez mejoran sus relaciones interpersonales y de convivencia. Este proyecto también permite afianzar la confianza y la inclusión social”, concluye Castillo.

Así, con la economía en alza, en Tangua, Yacuanquer, La Florida y Funes, municipios rodeados de volcanes, entre ellos el Galeras, solo esperan que la única erupción que haya sea la de la bienaventuranza.