La depuración del Registro Único de Víctimas permite saber cuántas víctimas del conflicto armado son objeto de atención y reparación en Colombia.

Las 552.706 víctimas del conflicto armado indemnizadas que hoy reconstruyen sus proyectos de vida emprendiendo nuevos negocios, retornando para reactivar las zonas rurales y superar el desplazamiento, mejorando sus viviendas y estudiando en las universidades son la muestra de los logros alcanzados en la implementación de la Ley de Víctimas de 2011.

En la transición actual del asistencialismo a la inclusión social y la superación de las condiciones de vulnerabilidad, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas avanza en las medidas reparativas tanto individuales como colectivas, como parte de una política de reparación sin precedentes en el mundo.

En este sentido, la Unidad para las Víctimas se permite aclarar algunos puntos, como se explica a continuación:

Se observa que en el Registro Único de Víctimas (RUV) existen 7.758.935 víctimas del conflicto armado incluidas. Sin embargo, tras un proceso de depuración de casos, se observa que el universo de población sujeto de atención y reparación integral es menor: 5,9 millones de víctimas. Se debe recordar que la Ley de Víctimas acoge a la población afectada por el conflicto desde 1985. Este registro único ha sido reconocido  por la Evaluación Integral de la Universidad de Harvard como el más completo del mundo y tiene un valor de memoria histórica.

Durante una reciente sesión en el Senado de la República, la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Iris Marín Ortiz, destacó que en la actualidad es la entidad con mayor eficiencia en la atención de emergencias del país, atendiendo más de 3.600 emergencias a nivel nacional y realizando más de 3.700 misiones de este tipo. A la fecha, son más de 3 millones de pagos a hogares víctimas de desplazamiento forzado en atención humanitaria por un valor de 2,2 billones de pesos.

En cuanto a la financiación, la funcionaria precisó que el Gobierno ha incrementado la asignación presupuestal para la política de víctimas. Incluso sobre las proyecciones del Conpes 3712, hasta en un 64 por ciento SGP y 13 por ciento en PGN.

El informe presentado por la subdirectora de la Unidad para las Víctimas reseña que, tras el Decreto 2569 de 2014, se ajustó el modelo de reparación mediante una política sostenible fiscal y jurídicamente, que se enfoca en que las víctimas que no necesitan la ayuda humanitaria dejen de recibirla, pero sí accedan a la oferta del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Dicho Sistema está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territorial, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes y acciones reparativas.

Gracias a este enfoque que deja atrás el asistencialismo y asume una reparación orientada a reconstruir proyectos de vida y apoyar el emprendimiento de las víctimas y sus organizaciones, se han acompañado a más de 80.000 hogares de desplazados en sus procesos de retorno y más de 100.000 víctimas reciben acompañamiento para invertir la indemnización en proyectos productivos como microempresarios, gracias a convenios con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Propaís.

Según ha explicado en diferentes ocasiones la directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, los avances en la caracterización de las víctimas permiten saber que les pasó, cuántas son, dónde están y qué debe hacer el Gobierno para atenderlos y repararlos.

Por último, durante la sesión en el Senado se reconoció el reto que supone reparar a 5,9 millones de personas en lo que resta de tiempo hasta el año 2021, pero se ratificaron los inmensos logros alcanzados en la reparación a las víctimas cuando el conflicto todavía no ha terminado. Por eso, se considera que estos avances, una vez alcanzada la paz, deberán ser aún más contundentes.