La mansión Montecasino, antigua propiedad de los paramilitares hermanos Castaño y administrada por el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV), fue subastada este viernes en arriendo en Medellín por 27 millones de pesos mensuales a la empresa de eventos y turismo San Agustín.

La antigua mansión donde los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño planeaban y hasta perpetraban sus crímenes, servirá ahora para reparar a las víctimas, al ser concedida en arriendo a una empresa de turismo de Medellín, por 27 millones de pesos mensuales, en una subasta que tuvo lugar este viernes en la capital antioqueña.

Este monto mensual que llegará al FRV de la Unidad para las Víctimas se destinará a indemnizar a los afectados por los fundadores de los paramilitares en Antioquia, reconocidos por sentencia judicial.

Con la ocupación por parte de la empresa San Agustín, no solo “se recaudará dinero para el FRV, que sirve para pagar indemnizaciones de las sentencias judiciales, sino que le estamos dando una resignificación social de la ilegalidad hacia la legalidad”, aseguró Clemencia Melo, coordinadora del Fondo.

El inmueble es uno de los activos de mayor valor económico entregados al Fondo, agregó la funcionaria, al tiempo que destacó que “está triunfando la justicia y el proceso de reparación”.

Por su parte, el nuevo arrendatario manifestó su “satisfacción”. “Nos interesaba este inmueble por su buena ubicación en la ciudad, amplias zonas verdes y espacios para nuestra actividad económica y así darle un giro al uso de esta propiedad”.

La casa finca, de casi 2.000 metros cuadrados de extensión, se encuentra en proceso de extinción de dominio de bienes de grupos armados ilegales incautados por las autoridades por parte de un tribunal de Justicia y Paz. 

Este tribunal decretó medidas cautelares sobre el inmueble en favor de las víctimas, por lo que la Fiscalía lo entregó en agosto del año pasado al Fondo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Hasta ahora, ha sido utilizada como sede de jornadas de atención sicosocial y de recuperación emocional con mujeres víctimas de violencia sexual, otras dirigidas a jóvenes y adultos beneficiados con la entrega de indemnizaciones administrativas.

El Fondo de Reparación a Víctimas tiene bajo su custodia bienes que fueron entregados por postulados a Justicia y Paz (exparamilitares y exguerrilleros) o confiscados por las autoridades a grupos armados ilegales. De estos, 437 se ubican en Antioquia.

“Son 320 inmuebles rurales y 117 urbanos. Algunos de ellos son  fincas muy buenas en pastos y uso agrícola, que se administran mediante arriendos, comodatos con las alcaldías y con las asociaciones de víctimas con las que adelantamos proyectos agropecuarios”, indicó la coordinadora del FRV.