Las víctimas beneficiadas, que la Unidad además capacitó para que invirtieran adecuadamente sus recursos, son residentes de los municipios de Baranoa, Barranquilla, Galapa, Malambo, Polonuevo, Sabanagrande y Soledad.

Con la entrega de 58 cartas de indemnización, equivalentes a $ 858´861.861 millones de pesos, más víctimas que a causa de la violencia se han asentado en el departamento del Atlántico, hoy recibieron de la Unidad para las Víctimas su carta de pago.

Las víctimas indemnizadas son residentes de los municipios de Baranoa, Barranquilla, Galapa, Malambo, Polonuevo, Sabanagrande y Soledad.

La entrega se realizó a partir de las 9:00 a.m., en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Soledad, junto con un taller de línea de inversión para la creación o fortalecimiento de proyectos productivos que ayuden a las víctimas a la reconstrucción de sus planes de vida.

“El Programa de Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos es un servicio de la Unidad para las Víctimas creado a partir de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 1448, cuyo objetivo es que la indemnización impacte positivamente a las víctimas y se traduzca en una mejora de sus condiciones de vida, a través de la conformación de proyectos o planes de inversión que apunten a la transformación de su realidad”, explicaba Alfredo Palencia, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, durante la jornada de pagos.

En esta ocasión, los sobrevivientes con hechos victimizantes de desplazamiento forzado, homicidio, y delitos contra la libertad e integridad sexual, fueron los priorizados por el Gobierno nacional para recibir esta medida de reparación administrativa.

En sus principios generales, la Ley 1448 de 2011, en el artículo 13, incorpora el principio de Enfoque Diferencial estableciendo y reconociendo que “hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, por lo que las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque”.

Margarita, de 31 años de edad, fue una de las beneficiadas en esta oportunidad tras desplazarse con sus padres y siete hermanos, en el año 2002 y 2005, del corregimiento Paraíso, en San Jacinto (Bolívar), lugar declarado como zona roja en ese momento.

En el año 2002, salió de Paraíso huyendo de la guerrilla y se refugió donde una tía, en el municipio de Arjona; luego pasó a Cartagena e incluso llegó a Barranquilla. En cada lugar sintió que vivió muchas necesidades junto con su familia, por lo que regresaron a Paraíso; sin embargo, el ambiente aún no mejoraba en su pueblo, por lo que nuevamente, en el 2005, decidió definitivamente salir de allí.

“Cuando nos regresamos encontramos la casa destronada, y a las seis de la tarde había que estar encerrados,  ya que los ‘paracos’ de la zona habían amenazado con hacer limpieza, puesto que varias personas del pueblo colaboraban con la guerrilla, aunque los ‘paracos’ sabían quiénes eran”.

Actualmente, Margarita reside en Soledad y hoy por hoy, tras varios años de trabajo como empleada de servicio, es madre de dos niños y vive junto con su esposo en una casa arrendada. Al recibir la indemnización lo primero que pensó fue en invertir en su vivienda propia.

“Con esto que recibí en la indemnización voy a dar mi primera cuota para un apartamento que ya vi en Baranoa; igual mi esposo trabaja, y yo voy a seguir trabajando para poder seguir sacando mi familia adelante; también quiero estudiar, pero voy a esperar que mis hijos crezcan un poco más”, aseguró Margarita.