Este comité se llevó a cabo con el fin de obtener acciones concretas para dar cumplimiento al Auto 173 y garantizar los derechos de las comunidades indígenas Jiw y Nukak afectadas por el conflicto armado y residentes en los departamentos del Meta y Guaviare.

Con el fin de dar  cumplimiento de la Orden Segunda del Auto 173 para la atención prioritaria y urgente de las comunidades indígenas Jiiw y Nukak, se llevó a cabo el Comité Interdepartamental de Justicia Transicional (Meta y Guaviare), en el municipio de San José del Guaviare.

La reunión contó con la participación de la  gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya; el gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry; el director de la Unidad para las Víctimas para Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, y los alcaldes municipales de Puerto Concordia, Mapiripan, Puerto Gaitán (Meta) y San José del Guaviare.

Así mismo, participaron funcionarios de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas (Snariv) de los departamentos del Meta y Guaviare; delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego de Refugiados y la Agencia Alemana Cooperación Técnica (GIZ), y representantes de las mesas de participación departamentales y municipales de víctimas de los dos departamentos y medios de comunicación regionales.

Durante su intervención, el director de la Unidad para las Víctimas Carlos Arturo Pardo Alezones, señaló que de acuerdo al censo adelantando por esta entidad, las comunidades Jiiw y Nukak están ubicadas en once resguardos indígenas, donde habitán 2.696 personas en 596 núcleos familiares.

Pardo resaltó la importancia de la articulación institucional y la presencia y participación de las entidades del nivel nacional, con el objetivo de obtener resultados con compromisos puntuales verificables y con términos.

En este evento, la Unidad socializó el estado de avance de las órdenes del auto 173 haciendo énfasis en resultados concretos y retos o acciones relevantes que deben ser abordadas por la institucionalidad en cumplimiento del auto 173, donde se establecieron los alcances e impacto de las acciones adelantadas, así como los compromisos de cada entidad. 

Por su parte la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, solicitó a las entidades nacionales y departamentales cumplir con las acciones institucionales con el fin de mejorar la articulación de las acciones exigidas en la Sentencia 173 de 2012.

La mandataria agregó que se desarrollarán acciones en los sectores de  salud, educación, vivienda, agua potable, seguridad y saneamiento básico para poder atender y dar solución a la situación que se presenta con el pueblo Jiw residente en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán en el departamento del Meta y  en San José del Guaviare.

Avances

En la plenaria del Comité de Justicia Transicional Interdepartamental se determinó el avance de la identificación con enfoque diferencial,  la atención humanitaria, la instalación de algunas soluciones de agua para los resguardos Jiw, la entrega de los terrenos de la Escuela de Fuerzas Especiales por parte del Ministerio de Defensa al resguardo Barrancón, la reubicación de las familias Jiw en Luna Roja y el pago de arrendamientos en Zaragozas.

El director de la Unidad indicó que se presentó una propuesta metodológica en cumplimiento de la Orden Segunda, donde se propone la instalación permanente de Mesas Temáticas interdepartamentales que adelanten seguimiento a acciones y desarrollen respuesta a las actuales problemáticas de las comunidades Jiw, con reuniones cada dos meses. Así mismo, subcomités interdepartamentales, cada cuatro meses, para el seguimiento y toma de decisiones, así como el comité interdepartamental para la articulación de los dos departamentos.