Avanza en Medellín la prueba piloto para implementar el protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, con el que se garantiza su reparación integral con enfoque diferencial.

Las propuestas e intereses de los niños y adolescentes víctimas del conflicto armado de Medellín deberán ser tenidos en cuenta en la ejecución de los programas del gobierno local enfocados al bienestar de esta población y a su atención y reparación.

Con este fin, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas inició en Medellín la implementación del protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, a través de encuentros vivenciales con familias afectadas por la violencia en el barrio Santo Domingo Savio. Ubicado en la zona nororiental de Medellín, es una de las zonas más azotadas por la violencia en la capital antioqueña y con mayor población victimizada.

En el primer taller sicosocial participaron 29 personas entre padres de familia y sus hijos con edades entre los 0 y seis años. Entre ellos hay víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes.

Natalia* fue una de ellas. Vivía en una finca en el municipio de Tarazá (Antioquia) hasta que en el año 2006 su familia sufrió el desplazamiento forzado tras el asesinato de su madre. “Sufrimos muncho su pérdida y nos vinimos para Medellín sin nada a empezar de cero… perdimos las tierras y nos afectó mucho lo que pasó. A mí me daba miedo salir a la calle creyendo que quiénes asesinaron a mi madre nos estaban persiguiendo también”, relató.

Ahora es madre de tres hijos y quiere que ellos crezcan sin las secuelas del hecho trágico que sufrió su familia. Por eso fue una de las más entusiasmadas durante la jornada sicosocial, que para ella “es una oportunidad para que nuestros hijos conozcan sus derechos y la oferta pública que los beneficia… y como padres y víctimas podemos aprender a ayudarlos a desarrollarse sanamente”.

Durante la jornada sicosocial, los niños participaron de actividades lúdicas y de lectura de cuentos relacionados con la convivencia y la familia. “Con esta metodología que también hace uso del dibujo se busca una reflexión sobre las relaciones familiares y que expresen cómo perciben su rol y las relaciones dentro de su familia”, explica José Camilo Pimienta (sociólogo), quien es el facilitador a cargo del proceso.

Estas jornadas sicosociales continuarán esta semana con la socialización del proceso en el barrio Villatina, con niños entre los 7 a 12 años y con un grupo de adolescentes de Medellín entre los 13 y 17 años.

Reparación con enfoque de niñez y adolescencia

Los encuentros vivenciales en Medellín hacen parte del plan piloto de la Unidad para la Reparación a las Víctimas para la implementación del protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y un comité implementador del cual hacen parte la propia Unidad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Museo Casa de la Memoria, la Unidad Municipal para la Atención a Víctimas, la Personería de Medellín, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, Acnur y la Fundación Pepe Breu.

Este protocolo es el instrumento técnico incluido en la Ley de Víctimas para garantizar el derecho a la participación efectiva en la reparación integral de esta población infantil y juvenil, como sujetos de derechos. 

Según Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, la Ley de Víctimas establece que los niños y adolescentes deben incidir con sus agendas en el diseño y ejecución de las políticas públicas a nivel departamental y municipal. “El resultado de esta estrategia de participación deben ser propuestas de la población infantil y juvenil para hacer efectivo el enfoque diferencial de niñez en la reparación a víctimas y en políticas públicas como pueden ser de educación, cultura, recreación, las cuales se incorporarán en el Plan de Acción Territorial”.

Estos planes contemplan las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, los cuales deben ser elaborados por los departamentos y municipios para vigencia de cuatro años, en concordancia con los periodos de los gobernadores y alcaldes y deben guardar coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de Desarrollo Territorial.

Según el artículo 194 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y decretos recientes de corresponsabilidad entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, los alcaldes y gobernadores deben contar con protocolos de participación, cuya incidencia está a cargo de las mesas de participación de víctimas conformadas en cada municipio y departamento.

Para Anaidalyt Delgado, coordinadora de la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín, “es muy positivo que comience la implementación de este protocolo de niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad porque es una población muy afectada por la violencia que deben conocer sus derechos y oportunidades porque tienen mucho que aportar en temas de convivencia y de paz”.

Una vez se finalice la construcción de propuestas, la incidencia política estará a cargo a cargo de la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín, con el apoyo de las instituciones del comité implementador.