La entidad participó de la audiencia pública convocada por la Defensoría del Pueblo en relación con la resolución 071 del 2019, que busca proteger los derechos humanos de comunidades y municipios en esta región.

La Unidad para las Víctimas participó hoy de la Audiencia Pública convocada por la Defensoría del Pueblo en Cali en la que se buscaba identificar los avances y retos del Estado Colombiano para lograr la garantía del goce efectivo de los derechos humanos en el Pacífico colombiano. Lo anterior, en el marco de la Resolución Defensorial 071 del 2019, la cual hace un llamado a las autoridades a tomar acciones que protejan los derechos humanos de las comunidades y municipios de esta zona, según lo expresó el Defensor regional de Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

En la resolución, de acuerdo con lo que explica la Defensoría, “se hace referencia al desplazamiento forzado, las amenazas de las que son víctimas, líderes sociales y étnicos de la región, la disputa por el control del territorio y las economías ilegales, la problemática ambiental, el desempleo y la desprotección social”, entre otras cosas.

Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, llevó a esta audiencia un mensaje en el que se manifiestan los compromisos del Gobierno con las víctimas, señalando, entre otros asuntos, “que la Unidad es el principal actor humanitario en el país, pues en cuanto se presenta una emergencia concurre junto con los entes territoriales a prestar atención inmediata”.

La funcionaria también destacó acciones de la entidad, tales como la entrega de atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento  (entre enero 2018 y julio del 2019) por valor de $13.742 millones, lo cual ha llegado a 7.572 hogares.

Así mismo, señaló que se implementó en el litoral pacífico el programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas (Papsivi), liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual ha llegado a 15.801 personas.

Igualmente, la Unidad compartió que celebró un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que busca hacer efectivas medidas de reparación integral en Acandí, Riosucio, Tumaco, Ipilaes, Policarpa, El Charco y Buenaventura,  lo cual permitirá atender a 2.574 víctimas.

“También es importante mencionar que se tiene un registro de cien sujetos de reparación colectiva étnicos en esta zona, los cuales se encuentran en diferentes fases. Y que se adelantan acciones de asistencia técnica a la gran mayoría de los municipios localizados en esta zona (82%)”, precisó Lorena Mesa.

(Fin/LJA/CMC)