Este lunes, representantes del gobierno japonés y funcionarios de varias entidades del Gobierno Nacional se encontraron en Bogotá, en la dirección de la Unidad para las Víctimas, para aunar esfuerzos en beneficio de las 200 mil víctimas con discapacidad.

Las doscientas mil víctimas con discapacidad que deja el conflicto armado en Colombia dieron pasos significativos hacia su inclusión social, gracias al trabajo del gobierno colombiano y del japonés, cuyos delegados se encontraron este lunes en la dirección de la Unidad para las Víctimas, en Bogotá.

En la sesión del Comité de Coordinación Conjunta del ‘Proyecto para la inclusión social de víctimas del conflicto con discapacidad’, se hizo un juicioso examen de la situación que viven las víctimas con discapacidad que, según el Registro Único de Víctimas RUV- es de 200 mil personas.

“Desde la Unidad para las Víctimas gerenciamos este Proyecto y agradecemos que en esta sesión del Comité se hayan tomado decisiones trascendentales frente a la consolidación de la estrategia de inclusión social para víctimas con discapacidad”, señaló Ana Torres, coordinadora de cooperación internacional de la Unidad para las Víctimas.

En la reunión de este lunes asistieron, entre otros, Satoshi Murosawa, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) y Andrés Uribe, director de Gestión de Demanda de la Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

También, delegados de las gobernaciones de Antioquia y Santander; delegados de los ministerios del Interior, salud, educación y trabajo, DAICMA y de la Presidencia de la República. También, funcionarios de varias direcciones territoriales (Antioquia y Santander) y dependencias de la Unidad para las Víctimas, entidad de gerencia este proyecto.

Las personas con discapacidad se enfrentan a diario con barreras que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos. Así, el enfoque diferencial para las víctimas con discapacidad se concreta en las medidas de atención, asistencia y reparación integral diferenciadas para las personas con discapacidad.

Estas deben reconocerse sin importar el tipo de discapacidad (física, sensorial, mental, intelectual o múltiple) e Independientemente del momento en el que se adquirió o se desarrolló la discapacidad.

En consecuencia, las medidas de atención, asistencia y reparación integral para personas con discapacidad deben garantizar el acceso efectivo a sus derechos, identificar y responder las necesidades específicas de la persona de acuerdo con su discapacidad; y promover su inclusión social y efectiva.

Las personas víctimas de discapacidad deben ser reconocidas como sujetos de derechos, con intereses, necesidades, un proyecto de vida y no como una persona que sólo requiere tratamiento médico o rehabilitación de sus funciones.