Más de 10.000 personas han tenido que sufrir la pérdida de sus funciones motoras, sus sentidos o incluso la vida al caer en un campo minado.

En el Registro Único de Víctimas existen actualmente 10.694 casos de afectaciones causadas por minas antipersonal, munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados. Este 4 de abril, en el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la Unidad para las Víctimas reconoce la valentía de estas personas y de sus familias y hace un llamado para que cese la utilización de estos instrumentos que han producido graves afectaciones a la población de Colombia.

Dentro de los casos registrados, 5.356 corresponden a miembros de la Fuerza Pública y los civiles afectados alcanzan los 5.338. Con el acompañamiento de Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), la Unidad para las Víctimas está llevando a cabo esfuerzos para priorizar la reparación integral de las personas que han sufrido afectaciones por este tipo de artefactos.

Los municipios de Colombia con mayor cantidad de personas afectadas son Tame (Arauca), Vista Hermosa (Meta), San Vicente del Caguán y Puerto Rico (Caquetá) y San Carlos (Antioquia). No obstante, este último municipio fue declarado como el primer municipio de Colombia libre de sospechas de minas antipersonal.

La Unidad para las Víctimas ha puesto en marcha diversas acciones en los territorios con afectaciones para reparar el tejido social y contribuir a la no repetición de este flagelo que no distingue sexo, etnia o edad.

El 17 de febrero de 2015 se firmó la resolución 090, donde las afectaciones por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y munición sin explotar quedan incluidas como uno de los criterios para la priorización en términos de atención, asistencia y reparación para estas víctimas.

La Unidad busca también ajustar la oferta institucional, atendiendo las necesidades de esta población específica en materia de empleo, atención en salud y participación en la generación de políticas territoriales incluyentes.

“En la medida que avance el desminado en el país, aumentarán las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas por la violencia puedan retornar a sus territorios y recuperar las tierras que les fueron despojadas. Para eso sirve el desminado y así se relaciona con la reparación de las víctimas y la paz”, expresó Paula Gaviria, directora general de la Unidad para las Víctimas.

En este sentido, más de 515 personas han sido reparadas por vía administrativa y en muchos municipios éstas son sujeto de atención. Así, a través de jornadas se les capacita en acceso a la oferta del Estado, derechos de las personas con discapacidad (muchas de las víctimas de estos artefactos quedan afectados de por vida) y acompañamiento en el proceso de atención en las diferentes instituciones territoriales y nacionales.

“El desminado contribuye a las garantías de no repetición. Desde la Unidad para las Víctimas seguiremos apoyando la prevención, atención y reparación quienes sufrieron estos hechos”, concluyó Gaviria.