La entrega se llevó en La Plata (Huila) y en Neiva y en este proceso la entidad asume los gastos de hospedaje, alimentación, transportes y auxilio funerario.

Los casos del primer municipio corresponden a hechos de desaparición forzada y homicidio ocurridos en el mismo día y lugar. Se trataba de dos jóvenes agricultores vecinos, de 20 y 23 años de edad, que fueron sacados de la finca donde trabajaban por grupos al margen de la ley que luego los asesinaron.  

En Neiva sucedió algo similar con un joven de 23 años, también dedicado a la agricultura, que vivía en la población de Algeciras: hombres armados lo sacaron de su casa y lo asesinaron. Ambos casos están asociados a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).  

Yhina Paola Lombana, directora territorial Caquetá-Huila explicó que “para la Unidad es importante que a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio se les garanticen la participación y el acompañamiento psicosocial desde el inicio hasta el final, de tal forma que se sientan escuchadas y bien atendidas en el restablecimiento de derechos”. En esa labor, asume los gastos de hospedaje, alimentación, transportes y auxilio funerario. 

Desde lo psicosocial se hace periódicamente un seguimiento a quienes integran el hogar para verificar el estado emocional después de la entrega. Si se llega a identificar que alguno de los familiares necesita atención individual, se aplica una estrategia de recuperación integral que contribuya al restablecimiento de sus condiciones físicas, mentales y demás. 

La entrega de cuerpos de personas desaparecidas es coordinada por la Fiscalía General de la Nación, con todo un protocolo que fija una serie de normas y procedimientos mínimos de carácter obligatorio, garantizando los derechos de las víctimas en condiciones de dignidad, respeto y trato humano, en especial a los familiares. Cada entidad interviniente se encarga de ajustar sus guías y procedimientos internos. 

(FIN/NILR/COG)