Hace ya casi cinco años que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, llegó a Colombia para presenciar la sanción de la Ley de Víctimas en la Casa de Nariño. Meses después, en enero de 2012, se creó la Unidad para las Víctimas y tengo el honor y el enorme privilegio de dirigirla desde entonces.

Buenos días a todos y a todas.

Un saludo especial a los representantes de las Mesas de Participación de Víctimas.

Al señor gobernador, Eduardo Verano;

A todos los alcaldes de Atlántico aquí presentes;

A los representantes del Ministerio Público y las demás entidades que nos acompañan;

Gracias por su presencia hoy en esta querida ciudad de Barranquilla.

Hace ya casi cinco años que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, llegó a Colombia para presenciar la sanción de la Ley de Víctimas en la Casa de Nariño. Meses después, en enero de 2012, se creó la Unidad para las Víctimas y tengo el honor y el enorme privilegio de dirigirla desde entonces.

Cuando asumí este cargo, no conocía aún que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP entablarían las conversaciones, pero tras estos años estoy segura de que la Ley de Víctimas ha sido un pilar indiscutible de los diálogos y, en especial, del acuerdo alcanzado sobre el punto quinto, relacionado con las víctimas de este conflicto armado que queremos detener de una vez por todas.

Como muchos saben, la reparación integral que establece la Ley 1448 y los Decretos Ley de 2011 van más allá de una compensación económica, aunque la indemnización es muy útil para retomar un proyecto individual y pensar un futuro mejor. Por eso, en el Atlántico ya hemos indemnizado a cerca de 10.000 víctimas, con una inversión superior a los 65.170 millones de pesos. A nivel nacional son alrededor de 590.000 indemnizaciones las que hemos entregado hasta la fecha. 

En estos años, la Unidad para las Víctimas ha acumulado un trabajo y un conocimiento significativo de la población afectada por el conflicto armado. Ese trabajo nos ha llevado a reconocer el papel de las víctimas, con responsabilidad, con la convicción de que solo si contamos con ellas podremos tener una paz estable y duradera.

Ese entendimiento permitió al Gobierno Nacional proponer y basar la discusión del punto quinto de la agenda en un enfoque de derechos, transformador, que concluyó con un histórico acuerdo anunciado el pasado 15 de diciembre.

En ese texto, podemos leer que “las medidas de reparación deben responder a los intereses y prioridades de las víctimas, y tener en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas. Para que la reparación sea efectiva, se asegurará una fuerte participación de las víctimas en las distintas medidas de reparación”.

Por el contacto diario que tenemos con las organizaciones de víctimas, con las mesas de participación departamentales y municipales, en los ejercicios de acompañamiento psicosocial que realizamos y en otros muchos espacios, sabemos que las víctimas esperan que los acuerdos respondan a sus altas expectativas.

De ahí, la intención de crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y todos los elementos que lo componen:

1. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición;
2. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto;
3. Jurisdicción Especial para la Paz;
4. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz;
5. Garantías de no repetición.

Como directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, me quiero enfocar precisamente en las medidas de reparación del acuerdo, con un repaso a grandes rasgos:

• Se producirán actos de reconocimiento de responsabilidades, que los implicados harán voluntariamente, de una manera parecida a lo ocurrido en Bojayá con las FARC en diciembre, sin que ninguna instancia judicial les obligue a ello. ¿Para qué sirve esto? Para esclarecer la verdad de los hechos, para decirle a las víctimas que no se merecían lo que les pasó y que hay una voluntad de asumir la culpa.
• Se fortalecerán los procesos de reparación colectiva en el país. Se incorpora también la voluntad de coordinar, en relación con el punto sobre reforma rural integral del acuerdo, los procesos de reparación colectiva, los de restitución de tierras y los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET).
• Se fortalecerá la estrategia de rehabilitación comunitaria, algo en lo que la Unidad ha venido trabajando a través de Entrelazando.
  • Por tanto, la buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo adelantado. Venimos de casi cinco años de un esfuerzo juicioso y constante con las víctimas y hemos aprendido que la recuperación emocional grupal es la llave para recomponer las relaciones rotas por la violencia. En el país, ya son unas 150 comunidades y 1.800 tejedores y tejedoras, como se llaman a las víctimas participantes, que han profundizado en esta labor de tejer ese tejido social, valga la redundancia.
  • En Atlántico, más de 5.200 personas se han beneficiado de la estrategia de recuperación emocional y de otro tipo de atención psicosocial. Ese es un aspecto clave que se va a reforzar con el acuerdo.
• Se facilitará el proceso de retorno y/o reubicación de las víctimas en el exterior. Nos han llegado las múltiples expectativas de esta población, con la que venimos trabajando y a la que estamos reparando tanto si desean regresar a Colombia como si desean permanecer en el país donde se encuentren. Sabemos que puede haber una alta demanda de retornos si se firma el acuerdo y debemos estar preparados.
  • Se fortalecerá la participación de las víctimas, ampliando y fomentando los actuales espacios de participación establecidos por la Ley de Víctimas de 2011. Sus voces serán fundamentales en la construcción de la paz.
  • La articulación con las medidas de tipo judicial y extrajudicial incluidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición supondrán un desafío, pero al mismo tiempo nos permitirá conocer de una manera más profunda cómo impactó el conflicto armado a la población víctima, repararla del modo más integral posible y escuchar sus voces y opiniones en espacios participativos cada vez más fortalecidos y amplios.
  • Y lo que más nos han dicho las víctimas, cuando estamos en las regiones, es que no se vuelva a repetir lo que a ellos les sucedió; que nadie más tenga que pasar por esos hechos dolorosos. Todos podemos aportar para evitar que ocurran de nuevo.

Como ven, todo lo que les he nombrado como parte de este acuerdo de reparaciones, en cierto modo, se ha venido poniendo en práctica con la Ley de Víctimas. Ahora, queremos reforzarlos, conscientes de que no solo el Estado estará involucrado, sino que también la guerrilla estará comprometida con la reparación integral de las víctimas.

Sabemos que hay medidas que ya funcionan y que el acuerdo busca resarcir los daños que nos infligimos a causa de la violencia. La reparación colectiva, la rehabilitación comunitaria… son señal de que las comunidades necesitan recuperar la confianza perdida al interior de ellas, pero también con las entidades que debían atenderlas.

Por eso, este es un escenario ideal para invitarlos a comprometernos y trabajar unidos en este nuevo momento del país. Desde aquí, les hago un llamado para que las mesas de participación, las autoridades regionales y nosotros, como representantes del Gobierno nacional, hagamos historia construyendo desde este territorio una paz sostenible y duradera.

Invito a los mandatarios que comienzan su gobierno ahora a que se imaginen cómo vamos a trabajar estos procesos que, como  ven, ya vienen andando. Invito a los integrantes de las mesas de participación a que participen activamente de una manera propositiva, teniendo en cuenta a las víctimas que representan.   

Alrededor de 167.000 personas en Atlántico son víctimas sujeto de atención y reparación por parte del Estado. Resulta obvio entonces que para pensar en un mayor desarrollo del departamento es necesario incluir medidas que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad y las capacidades de estas víctimas, y su diversidad. 

Ese desarrollo entendido como mejora en la calidad de vida de todos y todas solo será posible si ustedes, los mandatarios locales, con todo el apoyo que podamos brindar desde lo nacional, incluyen en las líneas estratégicas de sus planes de trabajo la reparación integral a las víctimas, con un enfoque que deje atrás el asistencialismo y sea una verdadera herramienta para transformar las vidas de las personas y las comunidades y que estas alcancen la inclusión social.

Quiero expresarles todo mi reconocimiento porque, de firmarse pronto un acuerdo para finalizar el conflicto armado, como todos esperamos, ustedes tendrán la responsabilidad de asumir las políticas públicas que nos permitan comenzar a dejar atrás la guerra y empezar a construir la paz desde el territorio. Y somos conscientes de que construir la paz solo puede darse teniendo en cuenta a las víctimas.

Con ustedes, las administraciones locales, venimos consolidando una agenda común, y queremos seguir trabajando de la mano en la trasformación social para que nuestros territorios sean escenarios de construcción de paz, libres de cualquier causa generadora de la violencia. Con el compromiso de todos, podemos multiplicar las experiencias exitosas que ya han echado a andar.

Como representante del gobierno nacional, les digo que no solo reconocemos el dolor de quienes se han visto golpeados por la violencia, sino que además nos hemos comprometido con su atención y reparación.

Por ese motivo, estaré más tarde en el acto simbólico en el que pondremos la primera piedra  del centro regional de atención a víctimas en Barranquilla. Esos espacios deben ser muestra del compromiso de todas las entidades con la satisfacción de las víctimas en sus procesos de atención. Un compromiso con su atención digna y oportuna. Un compromiso con que las víctimas encuentren una respuesta del Estado cada vez que lo requieran.

Hoy, en este comité territorial de justicia transicional, me gustaría alentar a las autoridades locales y regionales, a las mesas de participación, a todas las entidades que componen el SNARIV a comprometernos y trabajar unidos en este nuevo momento del país. Desde aquí, reitero mi compromiso para trabajar en una alianza Nación-Territorio por el departamento del Atlántico.

Estoy convencida de que la atención y la reparación a las víctimas, con un enfoque territorial, nos convertirá en una Colombia más justa, equitativa, consciente y orgullosa de la pluralidad. En definitiva, en una Colombia mejor.

Como siempre, cuenten con la Unidad para las Víctimas. Muchas gracias.