La Unidad para las Víctimas cumplió su parte del Acuerdo de Solución Amistosa, que incluyó rehabilitación sicosocial, memoria histórica y un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado.

Han pasado 33 años desde cuando 30 hombres armados recorrieron en tres camperos las calles y casas en Segovia, asesinando a 43 personas y dejando a más de 50 con graves lesiones. Esa trágica tarde, Pilar Mariaca sufrió el asesinato de su abuelo y dos tíos.

En representación de las víctimas ella participó en la conmemoración de esa masacre en el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Allí recorrió la galería fotográfica del sepelio colectivo, al que asistió a los 13 años, por lo que reconoció que “un día como hoy es duro y difícil recordar porque, aunque ha pasado mucho tiempo, el dolor sigue ahí”. 

Recuerda que “fuimos una de las familias con más víctimas, con varios heridos en la casa”. Tras el hecho victimizante perpetrado el 11 de noviembre de 1988 por un grupo de autodefensas del Nordeste antioqueño en alianza con dirigentes políticos y expolicías condenados, muchas familias como la suya se desplazaron por la violencia en esa subregión.

Con este acto conmemorativo organizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y con el apoyo del Museo Casa de la Memoria y la firma Javier Villegas Posada Abogados, la entidad cumplió su parte en el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Gobierno colombiano, las víctimas y sus abogados defensores, homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, con las 37 familias que incluye el acuerdo “hemos avanzado con la ruta de atención, asistencia y reparación y los compromisos, dando a conocer la memoria histórica para que estos hechos no vuelvan a suceder y que las victimas puedan resarcir sus derechos”. 

Con ese fin, se implementaron medidas de satisfacción: coordinación de las conmemoraciones durante varios años en Segovia, rehabilitación física, mental y psicosocial a los familiares y sobrevivientes, así como un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y disculpas públicas realizado en diciembre de 2015.

“Valoramos este reconocimiento”

En esa búsqueda de verdad, justicia y reparación, Pilar Mariaca valora el cumplimiento de estas medidas, ya que “para las víctimas son muy significativos y valiosos estos actos y que el Estado no olvide a nuestros muertos, porque nosotros los vamos a recordar siempre”. 

Además, reconoce el “acompañamiento del Gobierno: aceptaron responsabilidades y nos pidieron disculpas públicamente y, de la mano de la Unidad para las Víctimas, hemos tenido un reconocimiento y eso hace parte del acuerdo de solución que valoramos muchísimo”.

León Darío Gómez, víctima indirecta de la masacre, también se hizo presente en la conmemoración y se detuvo a mirar la galería fotográfica y el infograma con la línea de tiempo. En ese momento recordó ese día de “barbarie y cómo fuimos victimizados inocentemente”.

Pero, a su vez, siente alivio de que “no se olvide esta masacre y el valor que tiene este acto es evitar que las futuras generaciones y nuestra sociedad vuelvan a cometer estos hechos y se vuelva repetitivo”.

Los familiares de las 37 víctimas que reconoce el acuerdo de solución amistosa, que incluye juzgamiento de los responsables, también son indemnizados con más de 26.000 millones de pesos por vía judicial. 

Fin/JCM/COG