Por la presunta comisión del delito de fraude a subvenciones, o haber cometido irregularidades para acceder fraudulentamente a los recursos o ayudas que el Estado otorga, una ciudadana en Medellín tuvo que devolver la suma de 10.000.000 de pesos producto de una indemnización administrativa.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, reveló que en el marco de la estrategia de indagación y prevención contra el fraude que tiene la entidad, “se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación seccional Medellín, un hecho en el que se evidencia que presuntamente una ciudadana presentó una solicitud indemnización administrativa asegurando ser la única beneficiaria de una víctima de homicidio”.   

El funcionario aseveró que dicha circunstancia no obedeció a la verdad y la certeza de los hechos “ya que se pudo identificar que existían otros beneficiarios de esta medida de reparación, en este caso aparecieron de manera particular una hija de la víctima directa de homicidio, la cual tendría derecho igualmente a la indemnización”. 

A raíz de estos hechos irregulares que derivaron en el cobro de la indemnización administrativa y con lo que se pretendía afectar los derechos de otras víctimas e impactar el erario de la entidad, el jefe de la Asesora Jurídica dio a conocer que “la Fiscalía 54 seccional Medellín, adelantó la investigación y en coordinación con la Unidad para las Víctimas se estableció todo el proceso de indagación e investigación penal por dicho hechos”, explicó.  

“El pasado jueves 15 de octubre ante el Juzgado 15 penal del circuito de conocimiento de Medellín se cumplió una audiencia en el marco de este proceso en la que se logró la recuperación y devolución por parte de esta ciudadana que, al parecer, con su hecho irregular pretendía alterar el pago de una indemnización administrativa. Esta persona hizo la devolución de 10 millones de pesos, suma que es parcial a la totalidad de la indemnización administrativa que corresponde a más de 14 millones de pesos”, añadió Rodríguez.  El proceso penal seguirá adelante hasta lograr la devolución total de los recursos públicos.  

El director de la entidad indicó que “en el marco de esta estrategia es importante indicar que los ciudadanos, las víctimas y las personas que pretendan alterar los procedimientos y faltar a la verdad son objeto de judicialización y son objeto de la devolución o restitución de esos dineros a los cuales han pretendido acceder de manera irregular”.  

Con esta información la Unidad para las Víctimas quiere resaltar que “frente a hechos irregulares la entidad actúa y las autoridades judicializan, y es obligación del Estado colombiano perseguirlos". "Es decir, esta es una herramienta que funciona, que tiene efectividad y que ¡quien la hace, la paga!”, puntualizó Ramón Rodríguez.  

El director general de la Unidad para las Víctimas reiteró el llamado a la población afectada por el conflicto “a que no se dejen engañar, que acudan siempre a la verdad y denuncien cualquier tipo de irregularidad o fraudes cometidos por funcionarios, victimas o personal ajeno a la unidad, para lo cual la Unidad dispone de los siguientes canales: Línea Nacional: 01 8000 911 119 o en Bogotá al 426 11 11 y 796 51 50 Ext: 4192 o 4198, en el correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co o en la página web www.unidadvictimas.gov.co.  

(Fin/DFM/LMY/OAJ)