Las denuncias fueron hechas por los abogados de la Unidad para las Víctimas ante la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y una Personería municipal.

El Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF) de la Unidad para las Víctimas recibió, a nivel nacional, cuatro alertas sobre posibles irregularidades relacionadas con aprovechamiento y engaño a las víctimas durante las campañas políticas que concluyeron en las elecciones regionales del pasado 27 de octubre.

En consecuencia, el GIPF, apenas conoció los hechos durante la campaña electoral, presentó las denuncias respectivas ante las autoridades competentes y están en marcha los procesos contra quienes quisieron aprovecharse de la condición de vulnerabilidad o engañar de alguna manera a las víctimas del conflicto armado.

Los casos se presentaron en Achí (Bolívar), Líbano (Tolima), Suárez (Cauca), y Pensilvania y Manzanares (Caldas).

En Achí (Bolívar), un candidato a la alcaldía del municipio realizaba manifestaciones en las que, presuntamente, indicaba que en su Gobierno se iba a garantizar que a todas las víctimas del conflicto armado les llegaran sus ayudas. Usaba el mensaje “todos los achianos van a recibir sus ayudas”. Los hechos fueron denunciados el 5 de septiembre en la Fiscalía General de la Nación.

En Líbano (Tolima), la dirección territorial de la Unidad informó que un candidato al Concejo municipal, presuntamente, se encontraba ejerciendo coerción sobre la población víctima para que votarán por él, manifestando que, si no lo apoyaban con su voto, iba a retener las cartas de indemnización. Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio del Interior, a través del sistema URIEL que fue habilitado en la página web de esa entidad para tramitar este tipo de casos.

En Suárez (Cauca), según correo electrónico que llegó al GIPF, una campaña de un candidato al Concejo municipal estaba utilizando en su publicidad material relacionado con la misionalidad de la Unidad para las Víctimas. Se trataba de fotografías de jornadas de entrega de atención humanitaria en especie, que realiza la entidad en el territorio nacional. La alerta fue puesta en conocimiento del Ministerio del Interior, a través del sistema URIEL.

En los municipios de Pensilvania y Manzanares (Caldas), se informó al GIPF que una candidata al Concejo municipal de Pensilvania, presuntamente, realizaba proselitismo político valiéndose de la vulnerabilidad de las víctimas, pues en compañía de un enlace municipal de la Alcaldía de Manzanares hacían creer a las víctimas que por su intermediación se agilizaría el proceso de pago de la indemnización administrativa.

Se tiene conocimiento, además, de que el enlace municipal de Manzanares, presuntamente, se encontraba accediendo de manera irregular a los aplicativos de la Unidad para las Víctimas. Por lo anterior, se interpuso queja disciplinaria ante la Personería municipal de Manzanares.

(Fin/DRR/LMY)